El salón de actos del Ayuntamiento de Santanyí ha acogido esta semana la sesión ordinaria de pleno municipal de abril, y uno de los temas que han formado parte del debate ha sido la okupación ilegal de viviendas en el municipio, ya que el equipo de gobierno ha presentado una moción por la lucha contra estas prácticas.
Según ha explicado la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, “dado que recientemente se han producido situaciones de ocupación ilegal de casas en nuestro municipio, consideramos que es necesario que el Ayuntamiento de Santanyí reclame una legislación más contundente y que ampare tanto a propietarios como personas en situaciones de vulnerabilidad”.
Según el texto aprobado en el pleno, el consistorio santanyiner insta al Gobierno de España a modificar el Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de vivienda o inmueble, especialmente en casos de crimen organizado.
Además, también se reclaman nuevas medidas para mejorar la protección de los propietarios cuando se ven privados de el acceso a los bienes sin su consentimiento, y que el desalojo de viviendas ocupados en caso de flagrante delito se produzca en 24 horas por parte de la policía.
La propuesta del equipo de gobierno incluye la demanda de un nuevo apartado en las bases de régimen local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal, así como solicitar que esta inscripción se considere nula y no sea prueba por acreditar residencia.
Los ayuntamientos podrían dar de baja de oficio la instancia de los propietarios reales de las inscripciones cuando tuvieran conocimiento. En la sesión plenaria también se ha aprobado una propuesta de resolución en defensa de la supresión del impuesto de sucesiones.
De esta forma, el Ayuntamiento de Santanyí insta al Gobierno de España a respetar la autonomía fiscal y tributaria de las comunidades autónomas, con la eliminación del impuesto de sucesiones entre familiares directos.
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