Los tenientes de alcalde de Hacienda y Territorio, Alfonso Molina y Elena López, respectivamente, han anunciado esta mañana que el Ayuntamiento de Eivissa y la empresa concesionaria del servicio de alumbrado público, Citellum SA, han llegado a un acuerdo que pondrá fin a los cinco contenciosos administrativos que esta compañía había interpuesto en los últimos años contra el ayuntamiento reclamando una cantidad de 4,7 millones de euros en concepto de deudas pendientes e intereses de demora.
Este acuerdo ha quedado plasmado en forma de convenio y mañana se llevará al pleno ordinario para su ratificación. El convenio rebaja las aspiraciones de la compañía Citellum y acuerda el abono de 2,3 millones de euros, que se pagarán en cuatro ejercicios presupuestarios (500.000 euros el 2016, 1 millón de euros al 2017, 1 millón de euros al 2018 y 324.460 euros en 2019).
Por otra parte, la teniente de alcalde Elena López ha dado cuenta de la propuesta de convenio con Abaqua y el Consell d'Eivissa para la financiación de las obras del emisario de Talamanca, que también se someterá a decisión a la sesión plenaria de mañana. En este caso se prevé una aportación del Ayuntamiento el año 2016 de 333.333 euros y aportaciones al 2017 y el 2018 de 666.667 euros. Estas cantidades serán devueltas por el Govern al Ayuntamiento de Ibiza en cinco anualidades a partir del año 2019.
Finalmente, Alfonso Molina explicó que mañana se propondrá al pleno la inadmisión del recurso presentado por el grupo municipal popular contra el presupuesto del año 2017. Molina ha señalado que los motivos por los que se puede impugnar un presupuesto son tres y están especificados claramente a la Ley de Haciendas Locales (tramitación incorrecta, no incluir obligaciones de pago reconocidas o no justificar los ingresos suficientes para hacer frente a estas obligaciones) y que el recurso del PP no contempla ninguno de estos supuestos, por lo que no puede ser admitido.
En todo caso, se ha pedido a los técnicos municipales que informaran igualmente sobre el fondo del asunto, que es el incremento presupuestario para la contratación de más personal, y ninguno de los informes ha determinado que se haya hecho algo no permitido en la normativa vigente. Así, si mañana se acuerda la no admisión del recurso del grupo municipal popular, el presupuesto del año 2017 podrá entrar en vigor el día 1 de enero.
