Después de las elecciones de este domingo, las instituciones menorquinas disponen de un plazo concreto para reunirse en sesión constitutiva con el apoyo derivado de los votos de los ciudadanos.
En el caso de los ayuntamientos, ésta tendrá lugar tres sábados después de las elecciones, el sábado 13 de junio, siempre y cuando no se haya interpuesto ningún recurso. Será elegido alcalde el miembro de la corporación que obtenga la mayoría absoluta - la mitad del total de los miembros más uno -. Si ninguno de ellos alcanzara la mayoría absoluta, la Mesa de Edad se encargaría de proclamar como alcalde al número 1 de la lista más votada de la localidad.
Por otra parte, el Consell Insular debería constituirse en un plazo mínimo de 20 días y máximo de 45 días a partir del 24 de mayo. Esto es así en los casos de los consells de Menorca, Mallorca e Ibiza, mientras que Formentera funciona como una elección municipal. En el caso de que una de las candidaturas obtuviera mayoría absoluta, su número 1 sería proclamado presidente; si no fuera posible alcanzar un acuerdo, habría una segunda votación y sería elegido presidente el candidato que obtuviera la mayoría simple.
Si después de esto tampoco hubiera acuerdo, se convocaría una nueva votación dos días más tarde; como último recurso, la Mesa de Edad se encargaría de proclamar presidente al líder de la lista más votada.
Por su parte, el Parlament surgido de las elecciones de este domingo tiene hasta el 23 de junio para constituirse y los partidos que lo integrarán dispondrán de quince días más para alcanzar un acuerdo y proponer a un diputado como próximo presidente del Govern, por lo que el plazo máximo acaba el 8 de julio.
El Estatuto de Autonomía establece que la cámara legislativa regional tiene que constituirse en los 30 días posteriores a la celebración de las elecciones.
En esa primera sesión, que podrá celebrarse antes de la conclusión del plazo en la fecha que pacten los partidos que han obtenido escaños, será elegida la nueva Mesa del Parlament, que es el órgano que determinará, a iniciativa de los grupos, cuándo se celebra la primera sesión de investidura.
El candidato planteará en un pleno específico su programa de gobierno y someterá su nombramiento a votación de la cámara, que en una primera ronda tendría que designarle por mayoría absoluta para que pudiera ser proclamado presidente.
En caso de no obtener el respaldo de al menos 30 diputados en la primera votación, se celebraría otra 48 horas después en la que el aspirante podría ser designado presidente si consigue más votos favorables que negativos.
“Si en estas votaciones no se otorga la confianza del Parlament, se tramitarán propuestas sucesivas” con la misma fórmula, indica el artículo 54.4 del Estatuto, que fija un máximo de 60 días después de la primera votación para desbloquear la situación.
La ley orgánica básica de la Comunidad determina que si los grupos no alcanzan un acuerdo para designar a un presidente que conforme un nuevo Govern en ese plazo, el Parlament quedará disuelto y se convocarán nuevas elecciones.
En caso de apurarse todos los plazos expuestos porque las fuerzas políticas surgidas de los comicios de ayer no fueran capaces de alcanzar un acuerdo para gobernar el archipiélago, el Parlament se disolvería el 7 de septiembre.
El reparto de escaños en la nueva cámara autonómica, con un PP mayoritario pero lejos de poder asegurar la investidura de José Ramón Bauzá u otro diputado como presidente, y una izquierda con tres fuerzas relativamente equilibradas (PSIB, MÉS y Podemos), hace prever para las próximas semanas intensas negociaciones de cara a la formación del nuevo Govern.
Uno de los aspectos fundamentales de esta nueva situación política tras las elecciones es saber si Podemos tiene intención de formar parte del nuevo ejecutivo autonómico progresista, o si bien solo daría apoyo a un Govern compuesto por PSIB y MÉS.
Si Podemos decide formar parte del Govern, lo que es bastante probable, los tres partidos deberán decidir quién preside el Govern y qué áreas gestiona cada partido.
