También se han aprobado otras como la derogación del calendario del cierre de las centrales nucleares, la congelación de las tasas aeroportuarias de Aena o la recuperación de la política de indemnizaciones por retrasos de Renfe.
La Cámara Baja votará las enmiendas introducidas en la Cámara Alta durante la sesión plenaria de la semana que viene. Una vez concluido este trámite, el texto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su aprobación definitiva.
En la comisión previa del Senado que tramitó el dictamen de la ley con todas estas enmiendas, el texto fue aprobado en su conjunto con la mayoría absoluta del PP, más la abstención de Junts, ERC y PNV. En el pleno que ha aprobado su remisión al Congreso con las enmiendas, los 145 senadores del PP se ha abstenido; otros 113 senadores han votado a favor, entre ellos los 88 del PSOE; y Vox ha votado en contra.
En el Congreso, la ley se aprobó con los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, frente a los votos en contra de PP, Vox y UPN, así como con la abstención de Podemos. En el Senado, Vox intentó vetarla al completo, pero el PP optó por devolverla al Congreso con sus enmiendas, con el fin de poder aprobar alguna de ellas junto a otros partidos del 'bloque de investidura'.
Entre ellas destaca la derogación del calendario del cierre de las centrales nucleares, un asunto sobre el cual el Congreso ya se posicionó en febrero a través de una proposición no de ley, a favor de prorrogar la vida útil de las nucleares, con el voto favorable de PP, Vox, UPN y la abstención de ERC y Junts.
GRATUIDAD DEL TRANSPORTE EN BALEARES
El PP de Baleares, en un comunicado, ha celebrado la inclusión de la enmienda que busca garantizar la gratuidad del transporte público del archipiélago durante el año que viene.
Así como está estipulado en el texto que volverá ahora al Congreso, se aplicaría un descuento del 100% en los abonos y títulos multiviaje de manera que el Govern recibirá la ayuda estatal necesaria para cubrir íntegramente el coste del servicio.
"El PP ha sido decisivo para dar estabilidad y continuidad a una medida que mejora la vida de miles de ciudadanos", ha señalado el senador Miquel Jerez.
La enmienda aprobada reconoce el hecho insular y garantiza que tanto Baleares como Canarias sean beneficiarias de una ayuda estatal específica destinada a financiar la gratuidad del transporte público durante 2026. Esta financiación procederá del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
"Esperamos que, cuando el proyecto de ley vuelva al Congreso para su aprobación definitiva, se respete la voluntad expresada por el Senado. De lo contrario, sería una enorme decepción y una deslealtad intolerable, no con el Partido Popular, sino con los ciudadanos de Baleares", ha concluido Jerez.
INDEMNIZACIONES EN RENFE
El PP también ha propuesto recuperar las indemnizaciones por retrasos en la alta velocidad, lo que supondría devolver la mitad del precio del billete a partir de 15 minutos de retraso y el 100% del mismo a partir de los 30 minutos. En septiembre, un 16,2% de los trenes llegaron más de 15 minutos tarde, y un 7,8% tras más de media hora.
Otras de las enmiendas son congelar las tasas de los aeropuertos hasta 2031 o rediseñar el actual mapa concesional de autobuses estatales frente al diseño que ya está realizando el Gobierno.
La Ley de Movilidad, tal y como se aprobó en el Congreso, incluye medidas como el compromiso del Gobierno para revisar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), de modo que en estas se incluyan las emisiones de dióxido de carbono (CO2) como criterio adicional; o la obligación a las gasolineras de ofrecer, al menos, un punto de recarga para coches eléctricos.
Otro de los puntos incluidos en el proyecto es que habrá más empresas tanto públicas como privadas obligadas a contar con planes de movilidad sostenible. Si antes estaban obligadas las empresas de 500 trabajadores a tener estos planes, o con 250 trabajadores por turno, ahora los números bajan a 200 y 100, respectivamente.
La Ley de Movilidad Sostenible venía de la legislatura pasada y era uno de los compromisos que la Comisión Europea había exigido a España para poder acceder a cerca de 10.000 millones de euros de fondos europeos.
