Otto von Bismarck, John Maynard Keynes y Beveridge son los padres de la creación del Estado de Bienestar, su teorías económicas surgieron en momentos críticos como la revolución industrial, el auge del marxismo, el crack de 29 y la posguerra y fueron los catalizadores para sentar las bases de los modelos contributivos, los seguros sociales y las ayudas e incentivos para la reincorporación del desempleado al mundo laboral. Se concibió el gasto público para asegurar un nivel de vida mínimo pivotando en el ciudadano el deber de construir su propia autonomía económica a base de trabajo y ahorro voluntario. El bienestar no era una simple transferencia de dinero, sino que consistía en la aniquilación de cinco males: pobreza mediante un ingreso mínimo, enfermedad a través del sistema nacional de salud gratuito, ignorancia fomentando la educación pública, miseria elaborando políticas de vivienda digna y por último, desempleo, el mal más peligroso, porque causa un doble mal, moralmente destruye al individuo y económicamente al Estado. Se puede afirmar, por lo tanto, que el germen del Estado de Bienestar fue la supervivencia de las naciones y no la caridad con los ciudadanos.
El desarrollo de estas teorías dio lugar a dos modelos, el nórdico (Dinamarca, Suecia) donde se adoptó la “flexiseguridad”. En este sistema existe una protección económica alta para el trabajador y unas políticas activas de empleo inmediatas proporcionando una conexión continua del desempleado con el mercado laboral para que se mantenga su autonomía y productividad y penalizando la no aceptación de trabajos sociales y la formación. Por parte del empresario, las facilidades para contratar y despedir son holgadas. Por otro lado, el modelo mediterráneo (España, Italia, Portugal) centra el gasto público en pensiones y desempleo contributivo, hay poca canalización de recursos que se destinen a la reinserción real y las ayudas tienden a convertirse en parches que condenan al desempleado a depender del Estado y de la red familiar. Por parte del empresario los costes de despido y contratación son elevadísimos afectando a la productividad laboral y creando cementerios de talento desmotivado debido a la rigidez y dificultad para pactar salidas laborales que beneficien a empresa y trabajador; sin la certeza de una reinserción ágil y segura el empleado prefiere el inmovilismo en puestos en los que no se siente realizado anulando la premisa de que el trabajo dignifica a la persona.
Lejos de paliar las nefastas consecuencias del modelo mediterráneo, la Reforma Laboral de 2022 las ha acentuado. Mientras la ministra de Trabajo se felicita por haber conseguido una cifra récord de afiliación a la Seguridad Social, España es líder en desempleo juvenil en la UE con una tasa del 24,3%, las políticas destinadas a los jóvenes provocan la llamada “trampa asistencial”, al tener derecho a mini subvenciones o ayudas como el ingreso mínimo vital, el bono cultural o de vivienda que sumadas se acercan mucho al salario mínimo interprofesional, se generan sujetos pasivos atrofiados en cuanto a su empleabilidad al ir incrementándose su carencia de currículum laboral. Las dificultades que establece la Ley en la contratación temporal han provocado que se multipliquen por cinco los despidos en período de prueba y la conversión forzosa de fijos discontinuos en indefinidos, llevada a la práctica, ha resultado un maquillaje estadístico. Por parte de los empresarios la reforma tampoco ha servido de ayuda, pues han visto incrementados los costes y el encorsetamiento.
Alejados de las teorías de Bismarck, Keynes y Beveridge, el modelo mediterráneo no ofrece un proyecto de vida, sino un mecanismo de mera subsistencia en un sistema asistencialista que inflige al beneficiario un miedo atávico a perder su mísero ingreso. Esa vulnerabilidad, corre el elevado riesgo de traducirse en período electoral en un voto defensivo o de supervivencia, triunfando el miedo sobre la dignidad, asistiendo de esta manera al fin de la autonomía y la libertad de la persona.
