El último Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional muestra una preocupante realidad. España se instala en una zona gris, lejos de las democracias más sólidas del norte de Europa y demasiado cerca de la mediocridad institucional. España obtiene 55 puntos, una cifra que la sitúa por debajo de los estándares exigibles a una democracia europea avanzada, y muy lejos de los líderes mundiales como Dinamarca (89) o Finlandia (88).
El informe señala causas estructurales: debilitamiento de controles democráticos, politización de la justicia, opacidad en la financiación política y falta de rendición de cuentas. Transparencia Internacional advierte de una tendencia global inquietante: incluso democracias consolidadas están retrocediendo cuando los dirigentes tratan “la transparencia y el escrutinio independiente como algo opcional”.
España encaja demasiado bien en esa descripción. Se habla mucho de regeneración pero se practica poco. La corrupción no siempre es el sobre en B o el caso espectacular: también es el amiguismo, la captura de instituciones, la colonización partidista de organismos de control, el uso del poder como botín. Todo ello erosiona gravemente la confianza pública, degrada los servicios públicos, envenena la convivencia democrática y aleja a los ciudadanos de las instituciones que deberían representarles.
El informe insiste en que los países que controlan mejor la corrupción son los que protegen un espacio cívico abierto y una prensa libre. Y donde se restringen libertades, la corrupción florece. No es casualidad. En nuestro país el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez señaló a periodistas desde la tribuna del Congreso este mismo miércoles, para eludir la responsabilidad de su Ejecutivo en la tragedia ferroviaria de Adamuz.
En nuestro país el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez señaló a periodistas desde la tribuna del Congreso este mismo miércoles
Los poderes públicos en España deberían actuar porque no basta con indignarse cuando el escándalo de corrupción afecta al rival. Hace falta una arquitectura institucional seria que garantice una justicia independiente, transparencia en la financiación política, supervisión real del gasto público y protección efectiva a denunciantes.
Nuestro país retrocede en materia de corrupción y así es la misma democracia la que empeora.
