Esta semana, un rotativo local se hacía eco de la acción legal que las principales patronales de la enseñanza concertada de Balears van a acometer para impugnar diversos aspectos de la regulación de admisión de alumnos en centros públicos y concertados para este curso que viene, publicada recientemente por el Govern en el boletín oficial.
El titular que encabezaba el texto de la noticia, falso y tendencioso, concluía que los centros concertados de Balears rechazan la reserva de plazas escolares para alumnos 'inmigrantes'.
Bajar al terreno de semejante juego sucio para tratar de explicar la realidad es fatigoso, pero, desgraciadamente, todavía necesario.
En Balears, la escuela concertada, compuesta de centros confesionales católicos y de centros laicos -y, entre estos, algunas cooperativas de enseñanza-, escolariza alrededor de un 35 por ciento del alumnado, según estudios, niveles y municipios. En Palma, por ejemplo, esta proporción es mucho mayor a favor de la concertada y, si atendemos a los centros de educación especial para personas con discapacidades psíquicas, sensoriales o trastornos de conducta, el porcentaje es superior al 90 por ciento. Curioso, ¿no?
Pese a ello, además de recibir una dotación económica que, según organismos oficiales (INCE), es de menos de la mitad del coste por alumno que el que se destina a los centros públicos, la concertada atiende a ese notable número de escolares con solo el 25 por ciento del global del profesorado.
Dicho de otra forma, existe una enorme desproporción entre las dotaciones que reciben los centros públicos y los centros concertados, pero no solo en términos relativos al monto destinado a gastos, sino también a la asignación de recursos humanos.
Solo una gestión muy eficiente hace posible que los resultados académicos del alumnado escolarizado en centros concertados sean satisfactorios e incluso en algunas áreas ligeramente mejores que los del conjunto de todos los centros del sistema. Obviamente, esa realidad a vista de pájaro no puede desligarse del concepto 'valor añadido', es decir, de la comparación entre la situación de partida del alumnado respectivo de cada centro concreto y el saldo final, de manera que para ser equitativos, debe analizarse siempre el nivel sociocultural de las familias de los escolares y muchas otras variables decisivas.
Resulta obvio que, por razones de supervivencia, la desproporción entre las dotaciones económicas por alumno de una red y otra precisa ser compensada de alguna forma. Desde 1987 -momento en que los conciertos se generalizaron- y hasta la fecha, pese a las reiteradas y sistemáticamente incumplidas promesas de las distintas administraciones de equiparar los recursos y cubrir en todo caso el coste real del puesto escolar, la verdad es que el único medio que los centros concertados han tenido de enjugar el déficit de financiación pública ha sido acudir a las ayudas de las asociaciones de padres, a las aportaciones voluntarias de las familias y a la reinversión en los centros de los ingresos por servicios y actividades extraescolares, en muchas ocasiones, haciendo auténticos malabarismos para llegar a fin de mes. Algunos estudios a nivel estatal sitúan ese déficit en un 30 por ciento de media. Quizás algunos lectores se sorprendan, pero lo cierto es que muchos centros concertados -especialmente los católicos- fueron creados por sus fundadores para atender poblaciones rurales y urbanas socialmente desfavorecidas, razón por la cual en términos cuantitativos, la mayor parte de esos colegios se halla en pueblos o en barriadas obreras de Palma, por más clichés interesados que nos intenten vender.
¿La concertada no quiere inmigrantes? Responder a esta necedad es fácil con unos pocos datos objetivos. Por ejemplo, en Balears el alumnado 'inmigrante' está escolarizado en un 25 por ciento en la red privada concertada. Seguro que les suena el porcentaje, ¿no? Pues claro, porque la proporción de alumnado inmigrante es idéntica a la del profesorado con que cuentan los centros concertados, de manera que si se pretende incrementar la escolarización en estos colegios de alumnado recién llegado a nuestro sistema educativo lo razonable es que se aumente, como mínimo, el número de profesores para poder atenderlo dignamente, algo de lo que la administración no acostumbra a hablar.
Más datos. A comienzos de legislatura, el conseller Martí March cumplió la vieja promesa de extender las ayudas de comedor escolar para familias con menos recursos económicos a los alumnos de la enseñanza concertada, discriminados durante décadas. Estas ayudas no se asignan a los colegios, sino que van dirigidas directamente a las familias, de acuerdo con su capacidad económica y, oh sorpresa, pronto quedó claro que la proporción de estas familias en ambas redes era idéntica, puesto que las de la concertada en esa difícil situación vienen siendo en cada convocatoria sucesiva alrededor de un tercio, es decir, el mismo porcentaje que el resto de alumnos que escolariza.
No podemos olvidar, tampoco, que el Govern se ufanaba recientemente de los datos de evaluación del sistema educativo balear con relación a la equidad. Nuestra comunidad, deficitaria en tantos sentidos, es sin embargo una de las regiones de Europa donde la escolarización de alumnos de diferente origen socioeconómico es más equilibrada y en la que menos brecha existe entre unos centros y otros. Obviamente, la concertada de las Islas puede atribuirse una gran parte de ese éxito social, porque vamos a partir del presupuesto de que en la escuela pública de los países europeos no se deben dar guetos elitistas.
Y si de los datos estadísticos pasamos a las verdades cotidianas, les contaré que sé de algunos centros católicos de barriadas obreras de Palma que no solo atienden escolarmente a los alumnos de familias inmigradas y a muchos otros de núcleos familiares al borde de la exclusión social, sino que incluso sus cocinas proporcionan alimentos diaria y discretamente a todos sus miembros. La solidaridad es, desde hace décadas, un marchamo indeleble en los centros católicos.
El reciente Pacto Educativo aprobado por el Consell Escolar de les Illes Balears, asumido públicamente por el Govern e impulsado desde sus orígenes, entre otras muchas, por las principales organizaciones de la escuela concertada, señala:
La Administración garantizará una escolarización del alumnado recién llegado entre todos los centros sostenidos con fondos públicos que garantice un uso equitativo de los recursos de atención a la diversidad de los que están dotados estos centros. Esta dotación deberá ser suficiente para poder desarrollar proyectos educativos basados en criterios de inclusión.
Se debe reforzar y ampliar el criterio de equidad en la escolarización. La administración tiene que favorecer la escolarización equitativa del alumnado.
Como es lógico, el Pacto establece una correlación entre escolarización equilibrada y dotación de recursos, algo que también forma parte de los acuerdos de escolarización vigentes en mcuhos municipios de la isla de Mallorca y de los que la escuela concertada es parte integrante.
Sin embargo, incumpliendo los postulados del citado Pacto, el Govern publicó el pasado 20 de marzo una resolución en la que regula unilateralmente el proceso de escolarización para el próximo curso, saltándose la negociación previa con el sector, los controles legales, el más que necesario informe del CEIB, los acuerdos con los centros afectados y toda la filosofía que impregna un Pacto Educativo que a la Presidenta Armengol tanto le gusta atribuirse como hito de la presente legislatura. (Y lo es, sin duda).
Además, la regulación del Govern, que contiene preceptos de más que dudosa legalidad, ha provocado también serios problemas a determinados centros derivados de una zonificación muy discutible y que ha sido fruto de una decisión a todas luces precipitada.
Estos y no otros son los motivos por los que las patronales de la enseñanza concertada de Balears han anunciado su voluntad de someter al criterio de los tribunales la resolución sobre admisión de alumnos para el curso 2018-2019. Lo demás, pura propaganda preelectoral de medios al servicio de sus inconfesables intereses políticos.
