La alarma provocada el martes por el fallo del Tribunal Supremo en relación al pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados en las hipotecas fue atajada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una acción que pretende zanjar definitivamente la polémica dictaminando por ley que serán los bancos los que soporten el citado impuesto. La actuación de Moncloa ha sido rápida y ha estado orientada a lo que demandaba la práctica totalidad de la sociedad española, indignada por la torpe actuación del Tribunal Supremo.
El alto tribunal ha desempeñado en este asunto un papel errático que se ha prolongado durante 19 días; el tiempo que ha tardado en pasar de una primera sentencia firme en la que consideraba que este impuesto lo debían pagar los bancos, a un segundo fallo, el del martes, que dictaminaba que lo debían soportar los clientes. En este lapso de tiempo se llegó a especular sobre una amplia retroactividad de la medida. Las expectativas generadas fueron muchas por lo que la decepción ha sido notable y la decisión última del Gobierno, lógica.
El escándalo provocado por el Supremo supone un duro golpe para el tribunal, cuya imagen ha quedado seriamente comprometida. El Supremo debería recapacitar sobre su papel en todo este asunto y tomar decisiones que eviten incidentes similares. Convendría, sin embargo, evitar la demagogia y no utilizar el episodio para extender una sensación general de corrupción en la Justicia española o su sometimiento a los intereses de grandes corporaciones o empresas. En definitiva, se trata de la misma Justicia que ha llevado a banqueros a la cárcel o que dictaminó contra las cláusulas suelo de los bancos, sin que en esos momentos se escuchara ninguna teoría de la conspiración.
El uso político de la crisis es más previsible, por mucho que Pedro Sánchez haya pretendido encuadrar su solución en términos de una regulacion legal. Con decreto o sin decreto, Podemos está dispuesto a sacar gente a la calle, alentado por una situación de indignación que pone el foco en los jueces y en los bancos, un caldo de cultivo ideal para movilizar a sus bases. Otros líderes políticos como es el caso de algunos presidentes autonómicos, también se han subido al carro de la indignación popular y se han querido situar "del lado de los ciudadanos", unos ciudadanos a los que esos mismos lideres les incrementaron el tipo del citado impuesto, que está transferido a las comunidades.
Cabrá esperar a concocer la letra pequeña de la nueva regulación y confiar en que la aplicación final resulte lo más justa y rápida posible. Tampoco estaría de más ampliar el debate a la supresión definitiva del impuesto. Esta fórmula liquidaría definitivamente la polémica y cerraría el paso a la sospecha que no pocos ciudadanos tienen en el sentido de que, aunque formalmente el impuesto recaiga en los bancos, las entidades bancarias idearán cargos extras que les compensen el gasto.
