Los representantes legales de Autobuses San Antonio y Voramar El Gaucho de Ibizabus, agrupación de empresas de transporte de pasajeros han presentado una querella en el juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa en calidad de perjudicados que aclare las actuaciones irregulares en la licitación, contratación y ejecución del centro de transferencia intermodal y de servicios (Cetis). Este juzgado está investigando las actuaciones a petición del Ministerio Fiscal.
Entre la lista de irregularidades que piden que se aclaren está la encomienda de gestión a IMVISA, la autorización por parte del pleno del ayuntamiento de Vila para el aprovechamiento privativo de la parcela, la ampliación de esta autorización al subsuelo de las calles cercanas, así como también la publicidad del concurso para la concesión del proyecto, la construcción y explotación del Cetis, la adjudicación de este concurso a la única empresa que concurre al mismo y la ampliación de la encomienda de gestión, desviación del precio inicialmente presupuestado, cesiones de uso de suelo municipal, autorización por el ayuntamiento de Vila a Imvisa para la adquisición el uso privativo de la torre 2, revisión del equilibrio económico concesional, modificación del proyecto con incremento de la inversión y con ello del sobrecoste, entre otras.
Según informan los abogados de ambas empresas, con esta relación de hechos se pretende que se continúe la investigación iniciada porp arte del juez instructor y de Fiscalía y se ha solicitado la comparecencia y declaración como imputados de los miembros de la corporación municipal (alcaldes y concejales) y del consejo de Imvisa que participaron en la adopción de estos acuerdos, de los funcionarios del ayuntamiento y personal de Imvisa que emitieron los informes, así como de la empresa adjudicataria del Cetis.
Al mismo tiempo, y con la intención de facilitar la investigación, Autobuses San Antonio y Voramar piden que se aporte toda la documentación relativa a los hechos y la comparecencia en calidad de testigos de los técnicos jurídicos y de transporte del Consell para que testifiquen sobre el contenido de los informes realizados sobre las irregularidades en la legalidad del Cetis.
