El Gobierno central ha anunciado un nuevo impuesto para extranjeros no residentes que grava la compra de viviendas. Las inmobiliarias de Baleares consideran que se trata de una medida "arbitraria, discriminatoria y profundamente perjudicial" para la economía de las islas, ya que "castiga de forma directa al comprador extranjero que, en muchos casos, viene a residir, trabajar o establecerse de forma estable en nuestras islas".
PERJUDICIAL PARA LA ECONOMÍA BALEAR
La organización también ha alegado que estos extranjeros también contribuyen al dinamismo económico, a la generación de empleo y al consumo local.
El presidente de la organización, Daniel Arenas, ha afirmado que este impuesto penaliza un modelo económico que lleva décadas consolidado en Baleares y lanza un mensaje hostil hacia quienes eligen las islas para vivir, integrarse y aportar.
La medida, al no estar cedida a las comunidades autónomas, excluye la posibilidad de adaptar su aplicación a la realidad territorial y elimina cualquier vía de flexibilización o compensación fiscal en un territorio como Baleares, donde la presencia internacional, no solo turística, sino también residencial y laboral, es vital para la economía, ha apuntado la asociación.
La entidad también ha recordado que no existen datos que vinculen la compra de vivienda por parte de extranjeros con el alza generalizada de precios, ya que intervienen factores como la escasez de oferta, lentitud administrativa, falta de suelo urbanizable o aumento de costes de construcción.
Además, la asociación ha avanzado que solicitará la revisión urgente de este artículo del proyecto de ley y emprenderá contactos con representantes parlamentarios, instituciones baleares y agentes económicos para exigir su retirada.
LOS ECONOMISTAS ALERTAN DE LOS PELIGROS DE ESTE IMPUESTO
El Consejo General de Economistas (CGE) ve una "locura" el nuevo impuesto complementario para la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes no comunitarios, que llega a duplicar el precio pagado en las viviendas usadas, y cree que se podría acabar resolviendo en los tribunales.
Desde el CGE consideran que, detrás de cada modificación, se busca eliminar a este tipo de entidades del mercado y avisan de que es probable que algunas de ellas acaben buscando destino en otros países fuera de España.
2 respuestas
La vivienda no es un negocio. Y hasta ahora lo ha sido. De hecho muchas viviendas de Baleares las han comprado, no personas físicas, sino inversores extranjeros. Y precisamente por esto actualmente hay una crisis habitacional. El gobierno debiera de haber impedido o gravar desde hace mucho tiempo a los inversionistas. La vivienda es una necesidad vital no un negocio como la mayoría de extranjeros que compran hacen en Baleares.
El problema no es tanto que el negocio sea para fondos de inversión, que los habrá que hacen negocio, sino en que cualquier hijo de vecino quiere hacer negocio, incluidas las amistades y familiares de los que tanto despotrican.
La realidad es que los propietarios ponen precios muy fuera del valor de mercado «porque yo lo valgo», «porque quiero repartir a mis hijos» o «porque he escuchado que mi vecino ha vendido por ese precio y mi casa es mejor». No tienen ni idea de que quieren vender su casa a precio de palacio. Ahí está el problema, además de que las inmobiliarias no tienen los santos bemoles de decirles «a este precio, yo no la vendo». Si lo hicieran, verías cómo empiezan a bajar los precios…