Difícil situación la que se vive en la Abogacía de la Comunitat Autònoma a resultas del llamado ‘caso Ópera’, instruido en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares como pieza separa del ‘caso Palma Arena’. Por un lado los servicios jurídicos informaron positivamente en su momento al expediente de contratación del arquitecto Calatrava y ahora, los mismos letrados tienen instrucciones del Govern de Antich de ejercer la acusación particular contra el anterior Ejecutivo y defender exactamente lo contrario. El juez del TSJB ha dado por cerrada la causa tras la declaración del exconseller Fiol que en su intervención dejó patente esta actitud paradójica de la abogacía de la Comunitat. Ahora los fiscales anticorrupción y la acusación particular ejercida por los abogados del Govern tienen sólo cinco días para expresar si mantienen de manera definitiva sus acusaciones y contra quienes. Al margen de qué suceda con los presuntos implicados en el caso lo que ya ha quedado patente es la inseguridad que generará a partir de ahora cualquier decisión de los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma.
