El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación, a través de la Dirección General de Consumo, a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas, según ha informado este jueves el Departamento que dirige Pablo Bustinduy. La investigación se llevará a cabo en diferentes comunidades, entre las que se encuentra Baleares.
En concreto, esta investigación se dirige a empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, explica el Ministerio.
La Ley de Competencia Desleal considera prácticas engañosas a "cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico".
Esta misma ley recoge en su artículo 27 algunos supuestos de qué tipo de prácticas se considerarían engañosas, como por ejemplo "afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario".
De esta forma, el Ministerio vuelve a poner el foco "en posibles prácticas irregulares dentro del negocio de los alojamientos turísticos" después de que el pasado mes de junio abriera una investigación sobre los anuncios que publican algunas plataformas de alojamientos que no disponen de licencia turística.
En este caso, la nueva investigación abierta por Consumo se centra en las operaciones de aquellos pisos turísticos que, incluso teniendo licencia, se estarían gestionando de forma irregular por empresas de intermediación que operan en diferentes lugares de España.
Además, el Ministerio empezó a investigar en octubre a diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a los usuarios a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad o a aceptar cláusulas irregulares en base a la normativa.
"Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de atajar la crisis de la vivienda en España", subraya el Ministerio, que reitera que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de España.
"Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", ha manifestado el ministro en alguna ocasión.
Bustinduy quiere frenar la especulación en el sector de la vivienda y, para ello, ha solicitado a todas las administraciones públicas a que, en el ámbito de sus competencias, que tomen todas las medidas necesarias para abordar este problema.
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