Justicia precaria

La falta de medios técnicos y humanos en el ámbito judicial balear ha alcanzado un nivel extraordinariamente crítico. El último episodio ha sido la decisión del TSJIB de suspender temporalmente el reparto de guardias a uno de los dos juzgados de violencia contra la mujer, lo que indirectamente provocará el colapso del otro juzgado, segun han denunciado los propios funcionarios a mallorcadiario.com. La juez decana, por su parte, alerta de que las constantes bajas y vacantes sin cubrir en estos juzgados, puede impedir incluso que se atiendan las órdenes de protección.

La situación, en todo caso, no es puntual. La falta de funcionarios o las constantes deficiencias en el sistema informático, entre otras carencias históricas, se vienen sufriendo en Balears desde hace años. Los propios jueces y fiscales de Balears no descartan ir a la huelga en el caso de que el Ministerio de Justicia no atienda a las reivindicaciones de falta de plantilla y mejora del expediente digital. Se unen, así, a sus colegas del resto de España que han previsto concentraciones y paros por las mismas razones.

Los profesionales de las islas se aferran a la esperanza de que una reivindicación a nivel nacional acabe con la precariedad de medios que sufren los juzgados de Balears. En el caso de los juzgados de violencia de género, los funcionarios señalan que los casos que se publican sólo son una pequeña parte, ya que un solo juzgado tramita 1.500 casos al año con las mayores puntas de actividad en verano por el incremento de visitantes. Esta circunstancia es la punta del iceberg de una situación que puede llevar al colapso la justicia balear más pronto que tarde.

Sorprende que, ante este escenario de caos, no haya una movilización social más contundente. La situación debería provocar algo más que concentraciones puntuales, declaraciones de los sindicatos o reclamaciones de los políticos; reaciones, todas ellas, que a menudo no van más allá de un efímero espacio en la prensa. La propia sociedad balear deberia movilizarse por una situación que no sólo compromete la ejecución misma de la justicia sino que, en algunos casos, afecta a la seguridad de las personas y puede poner vidas en riesgo.