En 2007, a falta de pocas semanas para las elecciones, un grupo de ciudadanos denunció ante notario que había sido objeto de compra de votos por parte de personas que se identificaban como militantes de Unió Mallorquina. El asunto fue archivado inmediatamente por la Fiscalía y daba la sensación de que los fiscales habían tenido poco interés en investigar. Las elecciones se celebraron, el PP perdió la mayoría absoluta en Palma y el Parlament, y las instituciones se crearon sin ningún tipo de problemas. Gracias a estos votos contaminados, Antich fue presidente del Govern, Armengol del Consell de Mallorca y Aina Calvo alcaldesa de Palma. Si se hubiesen anulado los votos por correo comprados por UM, previsiblemente el PP hubiese mantenido la mayoría absoluta en las principales instituciones de Balears. Cuatro años después, la Fiscalía Anticorrupción actúa con total contundencia contra la formación nacionalista, que al parecer siguió utilizando dinero público para captar militantes y votos incluso después de las elecciones y a través de empresas municipales. Está bien que haya un cambio de estrategia en la investigación, pero nunca hay que olvidar qué ocurrió en 2007 y quién se benefició de aquellos votos comprados.
