Un juzgado militar investiga el presunto acoso laboral y sexual que sufrió de forma continuada durante cuatro años una guardia civil de base destinada en Murcia y que fue obligada por su superior, un sargento de la misma compañía, a que abortara después de ser violada. Este mando, que se enfrenta hasta 15 años de prisión, ha permanecido hasta última hora de la mañana de este miércoles en su puesto.
Después de que la AUGC haya denunciado este caso a media mañana de este miércoles, la Guardia Civil ha comunicado en una nota de prensa que ha decidido suspender de funciones y cesar de su destino a O.M.G.
Según la Dirección General del Instituto Armado, que fue informado por carta de estos hechos en diciembre de 2015, la decisión se ha adoptado después de recibir hoy "oficialmente" el auto de procesamiento del Juzgado Militar Territorial Número 14 de Cartagena (Murcia).
Además de por la "gravedad y afectación individual de la víctima", la decisión del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se ha basado en la "amplia difusión en los medios" de estos hechos que, dice en un comunicado, "generan un notable desprestigio de la Institución a la que pertenece el procesado".
Formalmente, según el auto de procesamiento que se sigue en la jurisdicción militar, donde no existe la figura del investigado, antes conocido como imputado, este sargento destinado en Molina de Segura está acusado de los delitos de abuso de autoridad con modalidad de trato inhumano, abusos sexuales continuados, lesiones psíquicas graves y trato degradante.
La víctima, una guardia civil de mediana edad con un niño a su cargo, se encuentra de baja desde el 9 de marzo de 2015. "Está muy mal, sigue somatizando las consecuencias del acoso, con transtornos y problemas cardiacos y renales. También sufre pesadillas continuas. Recordar es dificilísimo", ha comentado este miércoles su abogada en un acto en el que la AUGC ha pedido desmilitarizar el protocolo interno de denuncias de acoso para que no dependa de la jerarquía.
