La entrevista al presidente de la Audiencia Provincial, Gabriel Oliver, publicada esta semana en mallorcadiario.com, deja un diagnóstico tan certero como incómodo, la justicia en Baleares necesita estabilidad, medios y una mirada a largo plazo. Tres cosas que, precisamente, el Ministerio de Justicia ha olvidado en su carrera por colgarse la medalla de la “eficiencia”.
Félix Bolaños repite que el sistema era ineficiente y necesitaba reformarse. Que la nueva Ley de Eficiencia Procesal hará la justicia más ágil, flexible, digital y cercana. Que ahora los ciudadanos podrán resolver sus conflictos sin acudir necesariamente a juicio. Un discurso impecable... si no fuera porque, al bajar del atril, la realidad se impone con la contundencia de una pila de expedientes en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Palma.
Resulta sorprendente que, pese a las reiteradas quejas de jueces, fiscales y abogados ante las nuevas reformas judiciales, los organismos que deberían defender los intereses de sus trabajadores se posicionen tan claramente del lado del Ministerio. En Baleares, tanto Gabriel Oliver como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Gómez, parecen haberse convertido en los principales baluartes publicitarios de las reformas de Bolaños. Nadie más se sube a ese barco.
Como Gómez, Oliver asegura que las reformas —en especial la llamada Ley de Eficiencia Procesal (o de deficiencia procesal, según se mire)— son necesarias e incluso positivas en su planteamiento. Lo que no dicen tan alto es que esas palancas del cambio están aterrizando en un sistema sin músculo suficiente para soportarlas.
Reformar una estructura frágil a base de papel y tinta nunca ha logrado sostener los cimientos de una casa que se cae a pedazo
Con la elección de Oliver, Gómez ya no está solo en su cruzada. Ambos coinciden en la dirección del cambio, modernizar, coordinar, agilizar y digitalizar. “La justicia necesitaba actualizarse”, decía Gómez meses atrás; y Oliver parece seguir la cantinela al pie de la letra. “Son una mejora a medio y largo plazo”, repite. Menos mal que también coinciden en algo esencial que el Ministerio parece pasar por alto: las reformas necesitan dinero.
Porque seamos sinceros, reformar una estructura frágil a base de papel y tinta nunca ha logrado sostener los cimientos de una casa que se cae a pedazos. En Baleares, la justicia trabaja con lo justo (si no, que se lo digan a los abogados del turno de oficio). Juzgados saturados, falta de medios personales, carestía de vida y un factor que agrava todo: la insularidad.
Y con este mapa dantesco, el Ministerio aterriza en Baleares cual héroe de película de Hollywood, prometiendo la salvación definitiva. “Demos gracias a Bolaños”, deben de pensar —con ironía— jueces y abogados de las islas.
El resultado, de momento, es más papel que progreso. Un bloque de folios que no deja de ser eso: papel. Fue anunciarse la entrada en vigor de la ley y los abogados corrieron a presentar demandas antes de que la reforma entrara en juego. El balance fue claro, 18.000 demandas en menos de tres meses en los juzgados civiles de Palma. Si esa es la “eficiencia”, los jueces tendrán que comprarse más archivadores.
El Gobierno central vende la ley como un salto hacia la modernidad, pero el terreno en el que intenta aterrizar está lejos de ser firme. Los juzgados siguen al borde del colapso y el personal judicial, exhausto de tirar de un carro que no deja de ganar peso. La modernización es imprescindible, sí, pero sin recursos ni estabilidad se convierte en un ejercicio de fe.
Tanto Oliver como Gómez han optado por la visión constructiva: aplicar la ley, aprovechar sus oportunidades y adaptarla a la realidad del territorio. Pero eso requiere planificación, inversión y continuidad política. Porque Baleares no puede competir con comunidades donde atraer funcionarios o mantener plantillas resulta más fácil. Aquí la justicia es un servicio tensionado, dependiente de interinos y con rotación constante de jueces y fiscales. Veremos si la apuesta de ambos magistrados es la correcta o si el tiempo les da la espalda.
La crítica, por tanto, no va dirigida al espíritu de la reforma, sino a su ejecución. El Ministerio presume de eficiencia mientras posterga refuerzos, habla de digitalización sin garantizar equipos y confunde ahorro con eficacia. Es legítimo reformar, pero es irresponsable hacerlo sin escuchar a quienes sufrirán sus efectos.
El Colegio de Abogados de Baleares ya lo advirtió: las normas abren un abanico de interpretaciones tan amplio que cada profesional parece leer una ley distinta. Una reforma, dirían algunos, “elaborada por ChatGPT”. Sin profundidad, sin respaldo y sostenida únicamente por los altos cargos que deben defenderla.
En su entrevista, Gabriel Oliver tiende la mano, se muestra dispuesto a escuchar y a trasladar las necesidades reales de la justicia balear. Busca estabilidad y, sobre todo, una mirada a largo plazo. El Ministerio haría bien en hacer lo mismo, dejar de legislar desde arriba y escuchar a quienes lidian a diario con el colapso. Se supone que eso es lo que debería hacer un Gobierno progresista, escuchar a la clase que trabaja, no sólo a la que legisla.
Por ahora, el escepticismo sigue creciendo entre los profesionales de la justicia. El barco de las reformas navega, sí, pero casi vacío. Y a bordo, por el momento, sólo viajan tres pasajeros: Bolaños, Gómez y Oliver.
