La aprobación inicial de la ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca constituye una de las decisiones políticas más relevantes de los últimos años en materia de sostenibilidad y gestión territorial. El Consell de Mallorca ha dado un paso valiente al reconocer una realidad que resulta evidente para cualquier residente: la capacidad de carga de la isla tiene límites y el crecimiento constante del parque móvil ha alcanzado niveles difíciles de asumir. La congestión permanente de las carreteras, especialmente durante los meses de temporada alta, no es una percepción subjetiva, sino un problema real que afecta a la movilidad, al medio ambiente y a la calidad de vida de quienes viven en Mallorca durante todo el año.
La iniciativa merece respaldo porque afronta un problema que durante demasiado tiempo se ha intentado ignorar. Resulta especialmente destacable que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, haya sido capaz de sacar adelante el proyecto sin votos en contra, convenciendo incluso a sus socios de gobierno de Vox de la necesidad de abordar esta cuestión desde el consenso institucional. Cuando se trata de asuntos estructurales que afectan al futuro de la isla, la búsqueda de amplias mayorías es siempre una buena noticia.
Cuando se trata de asuntos estructurales que afectan al futuro de la isla, la búsqueda de amplias mayorías es siempre una buena noticia
Sin embargo, el apoyo a la filosofía de la norma no debe impedir señalar los riesgos que acompañan a su desarrollo. Mallorca tiene la ventaja de poder observar la experiencia acumulada en Formentera e Ibiza. Ambas islas han sido pioneras en la limitación de vehículos, pero también han tropezado con obstáculos jurídicos y regulatorios que no conviene repetir. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido especialmente sobre determinados sistemas de reparto de cuotas para vehículos de alquiler, al considerar que podrían restringir la competencia y favorecer posiciones dominantes en el mercado. Son observaciones que no pueden ser ignoradas.
La voluntad política de limitar la entrada de coches es legítima y razonable. Lo que sería un error es convertir una buena idea en una mala ley. Mallorca necesita una regulación sólida, proporcionada y jurídicamente impecable, capaz de resistir el escrutinio de los tribunales, de las autoridades de competencia y de las instituciones europeas.
