Pedro Sánchez ha presentado una propuesta para “contener el abuso en los alquileres” que termina siendo una copia casi literal de la anunciada hace semanas por el Govern de Marga Prohens. El Gobierno central plantea una bonificación fiscal del 100 % en el IRPF para propietarios que renueven contratos sin subir la renta, junto a mayores restricciones a los contratos de temporada y a los arrendamientos por habitaciones.
El problema es que la iniciativa nace sin consenso dentro de su propio Ejecutivo y con la oposición frontal de sus socios —Sumar la rechaza como un “regalo a los rentistas”— y otros grupos de ultraizquierda, como Podemos o EH Bildu, que tampoco la apoyarán en el Congreso. De este modo, la iniciativa está condenada al fracaso político si Sánchez no logra el respaldo de la derecha. La derecha que tanto demoniza podría ser la única que permita tramitar el decreto-ley, un absurdo estratégico que retrata la debilidad del presidente y la inconsistencia de la política de vivienda del último lustro.
Más allá del enfoque partidista, la medida estrella —la exención fiscal a caseros que no aumenten los alquileres— es un parche coyuntural a un problema estructural. Ofrecer incentivos fiscales puede contener subidas puntuales, pero no aborda el déficit de oferta, la insuficiencia de vivienda construida ni los desequilibrios entre demanda y stock. España arrastra una crisis inmobiliaria profunda con un parque de vivienda asequible reducido y precios de alquiler que han escalado sin freno en los últimos años y que seguirán haciéndolo en los próximos.
Ofrecer incentivos fiscales puede contener subidas puntuales, pero no aborda el déficit de oferta, la insuficiencia de vivienda construida ni los desequilibrios entre demanda y stock
Lo que la situación requiere es una estrategia coherente y valiente de fomento de la construcción, de impulso a la vivienda pública y de reforma del mercado que aumente la oferta. Bonificaciones fiscales sin construcción no resolverán el problema de fondo. A falta de un plan integral, lo anunciado ayer parece más una operación de marketing que una política pública eficaz. Sánchez ha tenido más de siete años para demostrar ambición en vivienda; esta medida, limitada y politizada, viene a confirmarlo.
La crisis de la vivienda exige decisiones valientes, reformas estructurales y pactos amplios. Este decreto, en caso de salir adelante, que está por ver, no reúne ninguna de las tres.
