La detención de dos miembros del colectivo Arran Palma por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación de un supuesto delito de Ultraje a la Corona por haber quemado un retrato del Rey el pasado 31 de diciembre y haberse negado a acudir a una citación previa de dicho órgano judicial, era más que previsible. Se podrá discutir si quemar una fotografía es una conducta que deba ser tipificada como delito en el Código Penal, pero indudablemente, si alguien es sospechoso de cometer un ilícito penal y habiendo sido citado ante la Justicia, se niega a comparecer, es de sentido común que el juez competente ordene la conducción del investigado en calidad de detenido.
Resultaría previsiblemente inútil pedir moderación a una organización radical independentista como Arran, que hace del enfrentamiento con los poderes del Estado español el fundamento básico de su existencia. Pero imaginar que ese Estado no tiene herramientas para someter a juicio a quienes presuntamente conculcan la Ley, es bastante inocente. Como no sea, como cabe sospechar, que justamente pretenden provocar la acción de la Justicia española, con actos que todo el mundo sabe que están tipificados en las leyes penales desde hace muchos años.
Lo normal y democrático sería que lucharan por cambiar la Ley si es que en algo les disgusta y no están conformes. Pero infringirla para provocar la acción represora del Estado, para a continuación denunciar un supuesto involucionismo, es además de perverso, bastante burdo y sin sentido. Además, las apelaciones a “quemar” el Estado español y francés corrobora que Arran hace de la provocación su principal herramienta. Y quizás por ello, lo más inteligente fuera no caer en la trampa.
