La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha denunciado hoy que la manifestación convocada el próximo lunes contra el fiscal Miguel Ángel Subirán y el juez Manuel Penalva por su instrucción del caso Cursach es "un mecanismo aceptable de coacción y presión de la función jurisdiccional".
"Son numerosos los cauces que la ley establece para que cualquier iniciativa pueda hacerse valer en la vía judicial adecuada", subraya la sección balear de la UPF en un comunicado.
La asociación considera "inquietante" que los convocantes de la protesta sean abogados que se consideran perjudicados por la actuación del juez y el fiscal anticorrupción, "puesto que ello supone asumir una incapacidad para hacer valer sus pretensiones por el cauce legal adecuado".
"Pretenden resolver en la calle lo que la ley señala que debe ser resuelto en los tribunales. Supone en definitiva, un claro ataque al Estado de derecho que nos hemos dotado los ciudadanos", añade la UPF.
"Las discrepancias en temas judiciales -concluyen los fiscales progresistas- no pueden ser resueltas acudiendo a mecanismos ajenos al derecho pues supone exponer las decisiones judiciales a la presión popular y no a la razón, así la distancia y el equilibrio que exige la ley".
