La presión ejercida por los pensionistas y jubilados en las calles de toda España han logrado, en parte, conseguir sus objetivos.
Los gobernantes del Partido Popular han tenido que comerse todas las falsedades sobre la imposibilidad de subir las pensiones públicas según el I.P.C. y la ignominia de que teníamos que agradecerles que las subieran un indigno 0,25%.
La salida a la calle de los pensionistas y jubilados, la generación que trajo la democracia a España y ayudó a sus hijas e hijos a superar los peores años de la crisis, que ha salido a la calle en protesta por la bajada de la capacidad adquisitiva de sus pensiones ha provocado una respuesta del establishment conservador-neoliberal claramente hostil. Hostilidad expresada en los medios de información que controlan y/o influencian hacia los pensionistas por los propios medios y por los jefazos nacionales del Partido Popular acusándolos de todos los males imaginables, llamándoles, entre otras lindezas, egoístas y demagogos.
En los últimos meses, las movilizaciones de los jubilados contra las subidas anuales del 0,25% han sido masivas. Pero si ha habido un lugar donde esas manifestaciones han tenido un éxito todavía mayor y sostenido ha sido en el País Vasco. La imagen de miles de pensionistas protestando frente al Ayuntamiento de Bilbao se ha convertido en un clásico de todos los lunes, hace ya varios meses, lo que ha convencido al PNV que algo tenía que hacer para pararlas.
La presión de la calle ha ayudado al cambio de posición del Partido Popular. Pero la circunstancia que ha desnivelado la balanza hacia las peticiones de los jubilados ha sido la necesidad de sacar adelante los presupuestos lo que deja expedito el terreno al Partido Popular para acabar la legislatura.
Según anunció el portavoz del PNV (verdadero protagonista de los aumentos de las pensiones) en el Congreso, Aitor Esteban este año 2018 “el incremento de las prestaciones será el del IPC. También [será] en función del IPC en 2019”, apuntando que el aumento de este año será retroactivo al uno de enero. Además, según siguió comentando, el pacto presupuestario también incluye el retraso, de momento, en la entrada en vigor del factor de sostenibilidad que iba a empezar a aplicarse en 2019 y ahora se retrasa a 2023, y el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56% este año 2018 y al 60% en el año 2019.
La rebelión de los pensionistas contra la gestión del Gobierno de Rajoy se plasma claramente en los sondeos electores, en los que el Partido Popular ha perdido unos 600.000 votantes entre los jubilados desde las elecciones generales del verano del año 2016, quedándose sin la mayoría absoluta de los sufragios de ese segmento de la población que obtuvo hace año y medio (50,2% de los votos de la tercera edad), lo que es una auténtica debacle del PP en el granero electoral que hasta ahora le ha afianzado en el poder, o sea que más de 600.000 jubilados ya no hacen caso al mantra, a la mentira del Partido Popular de “nosotros o os quedáis sin pensiones”.
El paradigma de la sinvergonzonería política la ha soltado, como no podía ser otro, Rafael Hernando: “Pido que los que se manifestaban porque las pensiones sólo subían un 0,25% salgan ahora a dar las gracias al Gobierno”, olvidándose de que no han subido las pensiones porque hayan querido ayudar a los pensionistas sino para aguantarse dos años más en el poder y así poder seguir trapicheando con los dineros públicos.
