El Ministerio de Hacienda ha anunciado un aplazamiento en la entrada en vigor del sistema Verifactu. La decisión fue adoptada ante la avalancha de protestas de autónomos, pymes y asesores, que denunciaban plazos imposibles, falta de claridad técnica y riesgos de sanciones.
El Ejecutivo central ha decidido conceder un respiro y el nuevo calendario sitúa ahora el arranque obligatorio en enero de 2027 para sociedades y en julio de 2027 para autónomos. Este margen extra ofrece más tiempo para que negocios de todos los tamaños adapten sus sistemas de facturación, formen a su personal y, sobre todo, evalúen los costes reales.
El anterior calendario resultaba impracticable para muchos —especialmente para los negocios con menor capacidad técnica o financiera— y habría dejado a miles de pequeñas empresas al borde del incumplimiento, con consecuencias potencialmente duras. La incertidumbre y el caos administrativo no benefician ni al contribuyente ni a la propia administración tributaria.
El anterior calendario resultaba impracticable para muchos y habría dejado a miles de pequeñas empresas al borde del incumplimiento, con consecuencias potencialmente duras
Al mismo tiempo, el aplazamiento obliga a las autoridades a clarificar qué implicará Verifactu en la práctica: especificar requisitos técnicos, dotar de ayudas a pequeños negocios, simplificar trámites y garantizar que la fiscalización no se convierta en una carga insoportable para autónomos y microempresas. En definitiva: ganar en eficacia sin estrangular al tejido productivo.
Debe quedar claro, sin embargo, que esta moratoria no significa que la norma desaparezca. Verifactu sigue siendo un objetivo de digitalización y control fiscal. Pero su aplicación exige condiciones razonables que permitan combinar rigor tributario con la realidad cotidiana de las empresas. La decisión del Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, dadas las reticencias y las quejas, es sensata y prudente.
