La más que previsible decisión de Vox de rechazar el techo de gasto del Govern en el Parlament, aboca a la Comunidad Autónoma a la prórroga de los presupuestos de 2025. Vox opta por romper los puentes de colaboración por razones ideológicas, sin importar el coste colectivo. El Govern de les Illes Balears, liderado por Marga Prohens, reconoce implícitamente su derrota parlamentaria e inaugura una nueva etapa de inestabilidad presupuestaria que pone en jaque la agenda pública hasta las elecciones de 2027.
Prohens afirma estar «tranquila» ante la prórroga, destacando que el Ejecutivo ha cumplido su parte al presentar un techo de gasto expansionista. Pero esa posición de “serenidad institucional” no permite pasar por alto la situación que general en los servicios públicos esenciales, así como en los proyectos pendientes de ejecución. La prórroga no es una cuestión técnica, sino fruto de una derrota parlamentaria infligida por la izquierda y la inestimable ayuda de Vox.
La formación de Santiago Abascal exige imposiciones ideológicas —especialmente en materia lingüística— que supera los límites aceptables por el Govern. A pesar de las numerosas concesiones que el PP ya ha hecho, los de Abascal demuestran ser insaciables. Esa intransigencia revela que su planteamiento no es tanto negociar e influir en el Govern, algo que se ha perdido por completo, sino chantajear desde la oposición y desgastar al PP haciendo pinza con el PSOE y Més.
El coste lo acabarán pagando los ciudadanos. Con presupuestos prorrogados, la planificación económica, social, educativa, sanitaria o de vivienda —tan necesaria en Baleares— se verá comprometida. El interés general se verá torpedeado por el interés partidista de Vox, que sabotea al único partido con el que puede hablar y que no favorece el cordón sanitario a la ultraderecha.
