Los controladores aéreos ejercieron ayer su legítimo derecho a la huelga y pararon parcialmente su actividad laboral durante dos horas por la mañana y dos horas más por la tarde. Afortunadamente no hubo que lamentar especiales complicaciones en Son Sant Joan, ni en forma de cancelaciones de vuelos ni en forma de retrasos de importancia, en parte gracias a que el Ministerio de Fomento estableció unos servicios mínimos del 70%, lo que minimizó el impacto que los paros pueden generar en pleno inicio de la temporada alta turística en nuestro archipiélago.
Esta es la primera huelga convocada en 26 años por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), al que pertenecen el 90% de los controladores, lo que demuestra de forma palmaria que durante años han ejercido otras formas de protesta encubierta que ha causado históricamente innumerables perjuicios y molestias tanto a los usuarios del transporte aéreo como a las propias aerolíneas, pero siempre de forma torticera, perversa, malintencionada y sin asumir ni el coste económico ni las consecuencias de sus acciones.
Con las cuatro jornadas de paros parciales convocadas, los controladores protestan por los expedientes abiertos contra los controladores que los días 2 y 3 de diciembre de 2010 abandonaron masivamente sus puestos de trabajo alegando causas médicas, causando un monumental caos que obligó al cierre del espacio aéreo y que dejó a miles de viajeros en tierra. Pretenden que sus actuaciones queden impunes y presionan con estas jornadas de huelga parcial para lograrlo, algo que de ninguna manera es admisible y que el Gobierno no debe tolerar.
Mal está –y no tiene explicación lógica– que la mayoría de los controladores que presuntamente se concertaron de forma irresponsable para parar la circulación aérea, hayan quedado exentos de responsabilidad en la vía penal –no es el caso de los controladores del centro de control de Palma, donde gracias a la acción de la Federación Hotelera de Mallorca que se personó en la causa, persiste un sumario contra 22 de ellos por delitos de sedición y coacciones–, pero sus actuaciones no pueden quedar sin medidas disciplinarias severas y ejemplarizantes, que garanticen que algo parecido jamás vuelva a ocurrir. Al menos, que no les salga gratis total.
