La ONG Metges del Mon ha advertido de que buena parte de las personas desalojadas el pasado mes de junio de la antigua prisión de Palma viven ahora dispersas por distintos puntos de la ciudad, como la zona de playa, los alrededores del edificio de Gesa o el bosque de Bellver. La organización sostiene que la actuación únicamente ha servido para invisibilizar el problema del sinhogarismo, sin ofrecer una solución real a quienes residían en el recinto.
En un comunicado difundido este viernes, la entidad lamenta que la única alternativa habitacional ofrecida por las administraciones a las personas desalojadas fuera "un trozo de papel" con la posibilidad de pernoctar durante dos noches en las instalaciones habilitadas en el parque de bomberos.
Según Metges del Mon, la realidad posterior al desalojo demuestra que la mayoría de los antiguos ocupantes de la prisión simplemente han cambiado de ubicación. La ONG asegura que actualmente pueden encontrarse en la zona verde próxima a Gesa, en el bosque de Bellver, en diferentes playas o en pequeños asentamientos que comienzan a formarse en distintos puntos de Palma.
La organización añade que únicamente un "escaso número" de estas personas está intentando acceder a los recursos públicos de primera acogida, cuya capacidad considera ya saturada.
Metges del Mon sostiene que el cierre de asentamientos, ya sean de infraviviendas o de caravanas, no constituye una solución si no va acompañado de un análisis individualizado de la situación de sus ocupantes y de alternativas residenciales adecuadas.
"Las personas no desaparecen porque se les expulse de un lugar concreto", subraya la ONG, que advierte de que, sin un plan de acompañamiento social y habitacional, únicamente se desplazan a otros espacios en condiciones todavía más precarias.
La entidad reclama al Ayuntamiento de Palma una gestión "más responsable" de este tipo de situaciones y considera insuficiente ofrecer alojamiento de emergencia durante apenas dos noches. A su juicio, una ciudad como Palma dispone de capacidad para articular respuestas más estables que permitan atender las necesidades de personas especialmente vulnerables y evitar que el problema se cronifique en nuevos enclaves de la ciudad.
El desalojo de la antigua prisión se produjo el pasado 11 de junio tras la autorización judicial de la actuación. El recinto, que durante años había servido de refugio improvisado para decenas de personas sin hogar, forma parte ahora del proyecto municipal para su transformación en una residencia temporal destinada a profesionales que trabajen en Palma.
