El Tribunal Superior de Justicia ha hecho público su malestar con las declaraciones del secretario general del PP, Miquel Ramis, en relación a la supuesta falta de independencia de algunos jueces. El TSJB muestra su indignación y considera que nadie puede poner en duda el rigor de los jueces. En teoría debería ser así, pero hay muchas decisiones que indican lo contrario. Los jueces, como todos, tienen sus opiniones políticas, sus filias y fobias, y en muchas ocasiones quedan en evidencia en las sentencias. No se entiende, por ejemplo, que un juez de instrucción vea indicios de delito por parte de Joan Flaquer en relación al castell de Sant Elm y el magistrado del Tribunal Superior sea tan contundente a la hora de archivar la causa. Tampoco se comprende que la Audiencia Provincial vea motivos para continuar la causa de Eivissa centre y los jueces pitiusos no hayan instruido el asunto. O tampoco tiene explicación que un juez vea indicios de delito por parte de una docena de alcaldes del PP en el caso ‘caballistas’ y en la Audiencia Provincial sean todos absueltos. Si entre los propios jueces de los distintos ámbitos se contradicen, ¿no pueden el resto de mortales criticar la actuación judicial? Lamentablemente, la opinión de Ramis la comparten cada vez más ciudadanos, pero si hablamos de imparcialidad podemos tratar a fondo la actuación de los fiscales. El ‘caso Xoriguer’ es una nueva muestra de su partidismo. Si el propio Ayuntamiento de Ciutadella denunció el caso que ahora se investiga, ¿a qué viene registrar las dependencias municipales? Si alguien tiene una explicación, que la dé, pero tenemos derecho a decir que hay situaciones extrañas en la justicia, especialmente en Baleares.
