Estrenamos año, supuestamente el de la recuperación y del comienzo de la disminución de nuestra insoportable cifra de desempleados. Los mensajes que se lanzan desde el gobierno y las organizaciones empresariales afirman que vamos por el buen camino, que nuestras exportaciones crecen como nunca y que las últimas dos temporadas turísticas –principal sector productivo de nuestro país- han sido magníficas, esperándose otra excepcional para el verano de 2014. Los augurios son, pues, positivos, pero las bases sobre las que se sustentan semejantes predicciones no se explican adecuadamente a los ciudadanos. Nuestras exportaciones –y el turismo es también una forma de exportación- crecen debido a varios factores, entre los cuales hay que resaltar la caída del consumo interno, que ha obligado a nuestras empresas a mirar al exterior, y, sobre todo, la bajada relativa de nuestra masa salarial. Cuando se afirma que hoy somos más competitivos que en 2008, en realidad lo que se afirma es que somos considerablemente más baratos. La recuperación se está basando, pues, sobre la reducción de los costes laborales -algo a lo que contribuyó la reforma laboral, disminuyendo significativamente el coste de los despidos-, y especialmente de la capacidad adquisitiva de nuestros asalariados. Volvemos, pues, a esquemas del período del desarrollo previo a la transición democrática. El coste de la mano de obra española era en los años sesenta y setenta muy inferior al del resto de los países de referencia de nuestro entorno, el entonces Mercado Común. Lo que sucede es que, paralelamente, la carga impositiva directa de aquella época era muy baja, de manera que aunque los trabajadores ganaban poco –en comparación con los europeos-, los impuestos que pagaban las familias de clase media eran muy inferiores a los actuales. En 1974, la presión fiscal era del 17,1%, en 1984 del 26,4%, en 1995 del 32,1% y en 2012 del 41,4%. Estamos rozando la confiscación de la propiedad privada, algo que proscribe el artículo 33.3 de la Constitución. A ello debemos añadir que este incremento de la presión fiscal no se traduce en un mayor porcentaje de servicios a cargo de los poderes públicos –lo que se ha venido en llamar el “estado del bienestar”-, sino que, bien al contrario, el catálogo de los mismos se ha reducido drásticamente, por lo que habremos de concluir que la mayor parte de lo que el estado y el resto de las administraciones nos detraen ya no responde al pacto tácito entre la ciudadanía y sus gobernantes de “a más y mejores servicios públicos, más impuestos”, sino que nuestro dinero se destina directamente a pagar facturas atrasadas –y presentes- de la mala gestión de los políticos. Por tanto, la conclusión de que el estado nos roba deja de ser un lamento nacionalista más o menos fundado, para pasar a ser una constatación aritmética muy difícil de rebatir, tanto si hablamos desde una óptica liberal como socialdemócrata. Mientras tanto, la banca ha descubierto que su mejor y más seguro negocio es financiar la deuda de las administraciones, privando a la sociedad civil de los fondos que entre todos los europeos hemos destinado a evitar la quiebra de muchas entidades financieras. Al tiempo, la gran empresa, con una capacidad de empatía cercana al granito, lanza mensajes que en otro tiempo y con sindicatos que no fueran rehenes de su propia corrupción no se atreverían a insinuar, como el del éxito indisimulado de las dos últimas campañas turísticas mientras sin rubor alguno les piden a los trabajadores que congelen sus salarios, es decir, que sigan perdiendo capacidad adquisitiva y, por ende, machacando al resto de pequeños empresarios que viven de los que éstos gastan cuando han cubierto sus necesidades básicas. Es decir, tributos en tasas propias de naciones europeas ricas a las que apenas ha salpicado la crisis y los salarios en valores más propios de países emergentes de Asia. Ésta es la receta del PP, con la esperanza de que tanto han exprimido a la clase trabajadora española que, a poco que aflojen un poco la presión fiscal, podrán vender la mentira de que su objetivo político era la bajada de impuestos. Como ejemplo, el del IVA. Mientras que España soporta uno de los mayores porcentajes de este impuesto –por delante del Reino Unido, Alemania, Francia y los Países bajos-, nuestro salario mínimo, que el gobierno Rajoy ha congelado en 2014 -645 euros al mes, unos 750 si agregamos las extras - es apenas la mitad que el de Francia, 1.430 euros mensuales. La receta de la derecha española es pues, fácil de formular: Mano de obra barata.
