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Celaá y su aprobado general

viernes 17 de abril de 2020, 12:18h

Resulta desalentador que el Gobierno de Sánchez se empeñe en hacer todo rematadamente mal, incluso cuando supuestamente trata de solucionar los problemas de los ciudadanos, se supone que con la mejor intención.

El anuncio a bombo y platillo de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de que los alumnos promocionarían de curso salvo casos muy singulares fue entendido ipso facto por todos los medios sin excepción como un "aprobado general", por más intentos de matizar y rectificar posteriores a la tremenda bronca que se armó en varias consejerías autonómicas por difundir semejante irresponsabilidad.

Celaá, famosa por sus ocurrencias y heterodoxa interpretación de las normas, tuvo esta vez la descabellada idea de anticipar, a dos meses largos de finalizar el curso escolar, la decisión de que todos los alumnos pasarían al curso siguiente -es decir, no repetirían pese a tener muchas asignaturas suspendidas-, salvo casos excepcionales que, además, "deberían justificarse".

Ya hace una semanas que los gobiernos socialistas iban poniendo palos en las ruedas de aquellos centros -públicos y concertados- que iban avanzando materia conforme al currículum de las asignaturas. Se trataba, supuestamente, de "no dejar a nadie atrás", lo que se lograba cercenando la autonomía pedagógica de los colegios e institutos y obligándoles a perder el tiempo repitiendo materia que ya habían impartido. Quietos parados.

Esta segunda vez, el mensaje de la ministra no puede ser más torpe. En primer lugar, da a entender que hasta la fecha las decisiones relativas a la repetición de curso poco menos que se adoptaban caprichosa y arbitrariamente por parte de los claustros de profesores y que solo a partir de ahora se valoraría de verdad si el alumno en cuestión precisará o no repetir curso para consolidar los conocimientos no adquiridos, algo que siempre ha sido la última medida en el caso de que existiesen alternativas viables más favorables para el escolar.

En segundo lugar, hacer pública esta decisión ahora, a mediados de abril, denota el poco juicio que adorna a esta señora, porque inmediatamente las redes se llenaron de comentarios de profesores indignados, con expresiones tales como "todo nuestro trabajo a la basura", al tiempo que se armaba un buen jolgorio en todos los chats de alumnos, agraciados por el regalo ministerial.

La medida se fundamenta, falsariamente, en la "equidad", es decir, en el intento de que aquellos alumnos que por sus condiciones socioeconómicas no pudieran tener acceso a las aulas virtuales que todos los centros han puesto en funcionamiento no quedasen descolgados, y eso suponiendo que la causa de tal descuelgue fuera precisamente esa y no otra.

Es decir, que para proteger -teóricamente- los derechos de una minoría ínfima del alumnado, vamos a fastidiar al resto de los escolares que cada día, desde sus casas, se siguen esforzando y siguiendo el curso con el máximo grado de normalidad posible y con el compromiso activo de sus familias.

La pregunta inmediata es: ¿No había otra solución para proteger a esos alumnos desfavorecidos? Y la respuesta, claro, es que sí, que lo que tendría que haber arbitrado el Gobierno son medidas compensatorias y medios materiales y humanos de refuerzo para estos alumnos en situación de desventaja, no castigar a la mayoría y dejar de evaluar su trabajo en el último trimestre del curso.

Sobre todo, la decisión de que solo se evaluará conforme a lo impartido presencialmente en las aulas hasta el 13 de marzo pulveriza y deja sin recompensa el esfuerzo de millares de docentes que se han tomado esta situación como un desafío profesional y han conseguido en un tiempo récord poner en marcha medios alternativos para impartir docencia haciendo uso de la última tecnología, echando en ese empeño muchas más horas de las que estrictamente corresponderían a sus jornadas de trabajo.

El maléfico recado de Celaá a alumnos y profesores es claro: dejad lo que hacéis, que, total, estos dos meses no van a servir para nada, porque vuestros compañeros que vivan relajados viendo series o jugando a la Play van a obtener el mismo premio que vosotros.

Luego, tras la reacción airada de muchos ejecutivos autonómicos, se produjeron intentos de suavizar el disparate, señalando desde el Ministerio que lo trabajado en este último trimestre sí serviría para mejorar las calificaciones y repitiendo hasta la saciedad que no estamos ante un aprobado general, cuando es evidente que sí.

Nada explica la ministra acerca de la carga de trabajo extra que esta decisión va a suponer en el curso siguiente para todos los claustros de profesores y para los propios alumnos que pasen al nivel superior sin poseer una base suficiente para seguir el ritmo de sus compañeros. Es decir, Isabel Celaá ha montado de la noche a la mañana una enorme factoría de fracaso escolar.

Los gobiernos de Madrid, Castilla y León, Euskadi y Andalucía ya han manifestado que no aplicarán estas medidas, con lo que lejos de contribuir con sus normas a la igualdad de todos los españoles, Celaá ha conseguido dividir aún más nuestro ya fragmentado sistema educativo. Su imprudencia contrasta con el sentido común aplicado en Balears hasta la fecha por la conselleria d'Educació en esta cuestión.

Se confirma, una vez más, que la equidad entendida desde cierta izquierda consiste en igualar siempre a la baja, castigando el talento y el esfuerzo en favor de quienes prefieren que otros les solucionen los problemas, y ello nada menos que en nombre de un delirante y sesgado concepto de lo que es la justicia social.

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