Baleares cerró el año judicial 2024 con más de 111.000 asuntos pendientes en los juzgados de Baleares, provocando que la justicia balear se encuentre al límite de su capacidad. Así lo recoge la Memoria Judicial de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), que refleja un incremento del 9,72 por ciento respecto a la anualidad anterior. “Esto significa que hay más de 200.000 ciudadanos directamente perjudicados por casos que aún no se han resuelto” ha afirmado el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, durante la presentación del balance anual.
Según Gómez la acumulación de procedimientos sin resolver, conocida como “pendencia”, no solo no se ha reducido, sino que ha crecido año tras año, en lo que ha definido como una “imposibilidad sistemática de reducción”. El embudo judicial, como lo describe la memoria, es un fenómeno estructural que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales, salvo al contencioso-administrativo, donde por primera vez desde 2019 se ha reducido la entrada de asuntos.
Pese a este panorama, el presidente quiso destacar el “esfuerzo resolutivo” realizado por los juzgados baleares en 2024, que ha calificado como “histórico”. La resolución de asuntos ha crecido un 12,89 por ciento respecto a 2023, con incrementos destacados como el 19,56 por ciento en el ámbito civil y el 14,06 por ciento en el contencioso. No obstante, ese esfuerzo no ha sido suficiente para contener el aumento de la litigiosidad ni la sobrecarga de trabajo que soportan los órganos judiciales.
PALMA NECESITA 16 JUECES MÁS EN PRIMERA INSTANCIA
Uno de los puntos más críticos del sistema judicial balear se encuentra en los juzgados civiles de Palma, donde el volumen de trabajo está muy por encima del umbral recomendado. En 2024, se registraron 43.201 asuntos en primera instancia con solo 20 jueces en activo, cuando se estima que serían necesarios al menos 36. “Eso supone un déficit de 16 jueces. La situación en Palma es especialmente grave. La jurisdicción civil está completamente saturada”, ha advertido Gómez.
Este incremento del 14,68 por ciento en asuntos civiles, el mayor de la serie histórica, se atribuye “a la inundación de demandas relacionadas con consumo”, que genera una litigiosidad masiva y sostenida que el sistema actual no está en condiciones de absorber.
VIOLENCIA DE GÉNERO: MÁS PRESIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL
Tampoco escapan a la sobrecarga los juzgados de violencia sobre la mujer. En Palma, se registraron 6.579 nuevos asuntos en 2024, y aunque el número de denuncias penales descendió ligeramente (de 4.641 en 2023 a 4.498 en 2024) y las órdenes de protección impuestas bajaron un 17 por ciento, la pendencia civil aumentó un 21,13 por ciento.
Actualmente, hay tres jueces especializados en violencia de género en Palma, pero la memoria judicial indica que se necesitaría, al menos, una plaza más. La ratio actual (1600 asuntos por juez) ya ha sido superada ampliamente. Una plaza que se ocupará pronto con la llegada de un nuevo juez que beneficiará a que se puedan realizar guardias de 24 horas. “Con el nuevo juez creemos que la dinámica mejorará y se juzgará todo más rápido” ha asegurado Gómez
ESCEPTICISMO ANTE LA NUEVA LEY DE EFICIENCIA PROCESAL
Carlos Gómez también ha tratado el debate sobre la nueva Ley de Eficiencia Procesal, recientemente aprobada, que ha generado controversia entre distintos actores del sistema judicial. El presidente del TSJIB ha sido claro y ha asegurado que cree que el nuevo sistema “funcionará” pero que además este debe ir acompañado de una “mayor inversión y medios”.
El malestar en el sector es palpable. Desde el colectivo de abogados se han alzado voces críticas que consideran que la ley no resuelve los problemas de fondo. Algunos incluso han llegado a afirmar que “la justicia está desapareciendo”, una afirmación que Gómez no comparte, pero cuya raíz comprende. “La ciudadanía tiene razón al percibir retrasos y colapsos. Lo que no se puede hacer es cargar sobre los profesionales una reforma sin dotarlos de medios”.
Además, Gómez ha señalado que la particularidad insular de Baleares, con una alta población flotante y una estructura territorial fragmentada, requiere un tratamiento específico y recursos ajustados a la realidad del archipiélago.
Con una tasa de litigiosidad de 162 asuntos por cada 1.000 habitantes, superior a la media nacional (160), y una carga de trabajo que no deja de crecer, el sistema judicial balear afronta el futuro con más incertidumbre que soluciones.
