El Gobierno ha aprobado este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, un paquete anticrisis para hacer frente al encarecimiento energético derivado del conflicto en Oriente Próximo. El plan incluye 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros, combinando rebajas fiscales, apoyo a sectores estratégicos y refuerzo del escudo social. El Ejecutivo busca así mitigar el impacto inmediato de la subida de precios y reforzar la resiliencia del sistema energético en un contexto internacional incierto.
La principal novedad es la rebaja del IVA de los carburantes en un 10%, un giro respecto a 2022, cuando se aplicó una bonificación directa de 20 céntimos por litro muy criticada por su elevado coste y complejidad. El Gobierno apuesta ahora por el alivio fiscal frente a las subvenciones directas, en línea con las demandas de patronales y gasolineras. A esta medida se suma la supresión del impuesto eléctrico (5%) y la rebaja del impuesto sobre la producción eléctrica.
EJES DEL PLAN Y PROTECCIÓN SOCIAL
El paquete se estructura en cuatro grandes ejes: impulso a las energías renovables para reducir la dependencia exterior, rebajas fiscales sobre electricidad y carburantes, apoyo a sectores especialmente expuestos —como transporte, agricultura, pesca e industria— y refuerzo del escudo social. Este último bloque concentra buena parte de las medidas destinadas a amortiguar el impacto de la crisis en los hogares más vulnerables y en el tejido productivo.
En este sentido, el Gobierno prorroga durante todo 2026 la prohibición de interrumpir suministros básicos —agua, luz y gas— a los consumidores vulnerables. También mantiene los descuentos del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y 57,5% para vulnerables severos), eleva la ayuda mínima del bono social térmico hasta los 50 euros y amplía los descuentos extraordinarios. Además, introduce mayor flexibilidad en los contratos energéticos para empresas y autónomos.
INDUSTRIA, BUTANO Y CONTROL DE MERCADO
El plan incluye medidas específicas para contener los costes energéticos en la industria, especialmente en los sectores electrointensivos. Entre ellas, destaca la recuperación del 80% de la bonificación de los peajes eléctricos, lo que supondrá un ahorro estimado de 200 millones de euros. El Ejecutivo considera que esta medida permitirá preservar la competitividad, sostener la actividad industrial y proteger el empleo en zonas especialmente dependientes de estos sectores.
Asimismo, se congelará el precio máximo de la bombona de butano, actualmente en 16,35 euros, un combustible aún relevante en zonas sin acceso a la red de gas natural. En 2025 se consumieron 57 millones de envases de GLP, aunque su uso ha caído más de un 12% desde 2021. El plan también refuerza la supervisión del mercado energético, con la CNMC vigilando posibles márgenes injustificados y la posibilidad de limitar beneficios empresariales si se detectan abusos.
ACUERDO PSOE-SUMAR Y CONTEXTO INTERNACIONAL
Las medidas han sido aprobadas mediante dos reales decretos —uno energético y otro de vivienda— tras un acuerdo entre PSOE y Sumar que retrasó el Consejo más de dos horas. El decreto de vivienda contempla la prórroga automática de dos años para unos 600.000 contratos de alquiler que vencen este año, con el objetivo de aportar estabilidad a los inquilinos y reforzar la protección social en un contexto de incertidumbre económica.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el plan como una respuesta “proporcional, perimetrada y focalizada” ante una crisis de alcance incierto. Ha advertido de que el conflicto en Oriente Próximo ya está provocando un “terremoto económico” con impacto directo en los combustibles. No obstante, ha subrayado que España está mejor preparada gracias al peso de las renovables, que en 2026 han limitado la influencia del gas en el precio eléctrico al 15% del tiempo.
