Según ha informado la formación en rueda de prensa, el portavoz parlamentario, Lluís Apesteguia, ha explicado que la iniciativa toma como referencia normativas aplicadas en otros territorios de la Unión Europea.
DIEZ CONDICIONES PARA LIMITAR LA COMPRAVENTA
Para justificar la proporcionalidad de la medida, el texto establece diez condiciones, de las que los municipios deberán cumplir al menos tres para poder aplicar restricciones a la compraventa de viviendas.
Entre los criterios previstos figuran que el precio de compra o alquiler haya aumentado un 3 % por encima del IPC de Baleares en los últimos cinco años; que se supere el umbral establecido para viviendas vacías y no principales; que el precio medio de compra equivalga, al menos, a la proyección acumulada de diez años del salario neto medio en Baleares; o que el precio medio de compra o alquiler supere en un 35 % la media estatal.
RESTRICCIONES DURANTE DIEZ AÑOS
La propuesta fija además un plazo de diez años para aplicar las restricciones y evaluar su impacto, con el fin de decidir su mantenimiento o retirada.
Asimismo, concreta que las limitaciones podrán consistir, como máximo, en tres medidas simultáneas, entre ellas la restricción de la compra a no residentes, a personas jurídicas y a propietarios que ya dispongan de una vivienda habitual.
“QUE CADA FAMILIA TENGA UNA CASA”
“Que cada familia tenga una casa propia y que cada casa sirva para que viva una familia”, ha señalado Apesteguia, quien ha defendido que ante la actual emergencia habitacional son necesarias medidas excepcionales “encaminadas a que las viviendas sean para la gente normal”.
