El Estado ruso lleva años sabiendo que sus soldados vuelven del frente y cometen crímenes. Lo que ha hecho, en muchos casos, es usarlo como atenuante.
Según Novaya Gazeta Europe, desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania los tribunales rusos han dictado más de 2.500 sentencias contra combatientes y excombatientes. La mayoría, por deserción o abandono de unidad. Pero hay otra parte del registro que el Kremlin no publicita: al menos 1.130 participantes en la guerra fueron acusados de delitos civiles —desde infracciones de tráfico hasta asesinatos— y en crímenes violentos estuvieron implicados al menos 192 militares.
No es un número pequeño para una estadística que, por su propia naturaleza, tiende a la subnotificación.
El número total de delitos graves y especialmente graves registrados en Rusia a lo largo de 2024 ascendió a 617.301, la cifra más alta en 14 años. El Ministerio del Interior —MVD, en sus siglas rusas— publicó ese dato sin desglose por perfil del autor. Sin distinguir civiles de militares. Sin indicar cuántos de esos casos involucran a personas que meses antes portaban un arma del Estado en Ucrania.
Lo que nadie explica es que esa omisión no es un descuido técnico. Es una decisión.
Investigaciones independientes han puesto de relieve un aumento de los actos violentos relacionados con soldados que regresan de Ucrania. En los tres años transcurridos desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala, al menos 750 civiles han resultado muertos o gravemente heridos por soldados que regresaban, según los registros judiciales y los informes de los medios de comunicación analizados por el medio independiente Verstka.
Esas víctimas no murieron en el frente. Murieron en apartamentos, en calles de ciudades rusas, a manos de hombres a los que el Estado había armado y enviado a matar.
Hasta febrero de 2025, había al menos 378 víctimas mortales y 376 casos de lesiones potencialmente mortales causadas por veteranos de la guerra. De los 334 casos mortales en los que se vieron implicados estos individuos en los últimos tres años, 166 fueron asesinatos que dejaron 196 muertos.
Muchos de esos crímenes, según los mismos registros, ocurrieron en entornos domésticos. Las víctimas: familiares, parejas, vecinos.
El problema tiene un agravante que Moscú fabricó deliberadamente. Desde el inicio de la invasión, el Kremlin reclutó a miles de reclusos —condenados por delitos graves, incluidos homicidios— con la promesa de libertad a cambio de combatir. El programa, asociado inicialmente al Grupo Wagner y luego absorbido por estructuras militares regulares, devolvió a la vida civil a personas que habían sido apartadas de ella precisamente por su historial violento, ahora con entrenamiento de combate adicional.
A finales de junio de 2024, el funcionario del Kremlin Serguéi Novikov confirmó que alrededor de 137.000 personas que participaron en operaciones militares en Ucrania ya habían regresado a la vida civil.
Ciento treinta y siete mil personas. Sin protocolos de reinserción documentados públicamente. Sin programas de atención al trauma de combate a escala comparable a la magnitud del retorno.
Entre enero y junio de 2025, el MVD documentó 333.251 delitos graves y especialmente graves, lo que supone un aumento del 10,4% en comparación con el mismo periodo de 2024, y del 12,7% respecto a las cifras anteriores a la guerra en 2021. La comparación con 2019 es más elocuente todavía: un incremento del 32,3% respecto a los 251.833 casos registrados ese año.
Pero esos son datos del primer semestre de 2025 —lo que requeriría verificación adicional con las fuentes primarias del MVD, dado que superan el período cubierto por los registros disponibles hasta ahora.
En cerca de la mitad de los casos, la participación en la guerra sirvió de atenuante en los expedientes incoados contra los militares.
Eso significa que el sistema judicial ruso, de manera sistemática, ha tratado el haber combatido en Ucrania como una circunstancia que reduce la responsabilidad penal por crímenes cometidos contra civiles rusos. No es una excepción. Es casi una norma estadística.
El problema real no es solo que estos hombres cometan delitos. Es que el aparato judicial los trata de manera diferente a como trataría a cualquier otro ciudadano. Y ese trato diferencial tiene un nombre: impunidad estructural. No declarada, no codificada, pero legible en los datos.
Hay un elemento adicional que complica el cuadro: los medios independientes que han investigado este fenómeno —Novaya Gazeta Europe, Verstka— operan desde el exilio o bajo presión extrema. Desde el inicio de la guerra a gran escala, la práctica totalidad de los medios independientes han sido prohibidos, bloqueados y/o declarados agentes extranjeros, y todos los demás están sometidos a censura militar. Esto significa que los datos disponibles son, casi con certeza, una subestimación de la realidad.
Lo que los registros muestran ya es suficientemente grave. Lo que no muestran puede ser peor.
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