En declaraciones a TVE, Rodríguez ha reconocido que, de haber tenido esa mayoría, “ya lo hubiera implementado”, aunque ha precisado que esa afirmación sirve para evidenciar “que, en ocasiones, todo lo que una desea o una quiere hacer se encuentra con la realidad del marco constitucional”.
La ministra ha confesado que “le llevan los demonios” disponer de una herramienta como la Ley de Vivienda —que, según ha señalado, “en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler”— mientras en otros territorios, como Madrid, “el precio del alquiler está subiendo a dos dígitos”.
“Yo, como demócrata, tengo que cumplir la ley y respetar el marco constitucional. ¿Qué cosas se me ocurren a mí? Pues a mí me encantaría intervenir con un 155 en la Comunidad de Madrid que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo”, ha afirmado.
Incluso ha añadido que, si las comunidades no quieren asumir esas competencias, el Gobierno estaría dispuesto a hacerlo, aunque ha insistido en que no puede obviar que España es “un Estado democrático y constitucional”.
Rodríguez ha defendido que la Ley de Vivienda permite al Ejecutivo instar a las comunidades a regular los alojamientos turísticos o de temporada y a impulsar la vivienda protegida. No obstante, ha advertido de que el objetivo prioritario —construir vivienda— “lleva tiempo”.
Durante su intervención, la ministra ha denunciado lo que ha calificado como “la gran anomalía” del sistema: que en España exista “menos vivienda social que alojamientos turísticos”. A su juicio, esta situación es consecuencia de que “durante mucho tiempo este país no se tomó en serio el derecho a la vivienda”, pese a tratarse de un derecho recogido en la Constitución cuyo desarrollo normativo ha tardado “45 años” en materializarse.
Rodríguez ha subrayado que el derecho a la vivienda “no es un derecho de segunda” y ha reclamado un cambio de paradigma en la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas. “No nos cuestionamos que, si nos ponemos enfermos, es la comunidad autónoma la que nos atiende en los centros de salud. ¿Por qué nos cuestionamos que también nos atienda en nuestro derecho a la vivienda?”, ha concluido.
