Desde que el pasado día 15 de julio la Guardia Civil del Pont d'Inca detuvo a dos mujeres en Santa María en el marco de la operación Grafito, acusadas de delitos de daños y contra el patrimonio histórico, el debate público ha estado marcado por un relato que, en algunos aspectos, no se corresponde con los hechos conocidos de la investigación. Las declaraciones realizadas esta semana por el jefe de la Guardia Civil en Baleares, el general Alejandro Hernández Mosquera, permiten aclarar varios extremos que han quedado desdibujados entre la batalla política y la movilización de la ciudadanía para que participe en la manifestación convocada por 'Menys Turisme, Més Vida' para el próximo domingo en Palma.
Primera falsedad: "Las detuvieron por hacer unas pintadas"
Es probablemente la afirmación que más se ha repetido desde las detenciones. Sin embargo, no responde a lo que investiga la Guardia Civil. La operación Grafito no se inició por la aparición de simples grafitis, sino tras las denuncias presentadas por los propietarios de cinco agencias inmobiliarias de Santa Maria del Camí por una serie de actos vandálicos cometidos durante la madrugada del 31 de mayo.
Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran a seis personas encapuchadas actuando coordinadamente sobre los establecimientos. Además de realizar pintadas, las grabaciones recogen cómo se utilizan herramientas para fracturar escaparates y causar otros daños en las cerraduras usando pegamento. La investigación atribuye a las detenidas presuntos delitos de daños y contra el patrimonio histórico, no una mera infracción administrativa por realizar pintadas. Según la Guardia Civil, los daños ascienden a más de 5.000 euros.
Segunda falsedad: "La Guardia Civil actuó de forma desproporcionada"
También se ha difundido la idea de que el operativo fue excesivo. Sin embargo, el general Hernández Mosquera defendió públicamente la actuación de los agentes y explicó que se ajustó a los protocolos habituales de una investigación penal. Las dos investigadas fueron detenidas, se practicaron las diligencias correspondientes y fueron puestas rápidamente a disposición judicial. Ni siquiera ingresaron en los calabozos, quedando posteriormente en libertad con cargos.
Tampoco es cierto que el traslado de las arrestadas a los juzgados con los grilletes fuera excesiva. Esa es la forma como la Guardia Civil conduce a los presos y detenidos de forma habitual y se ajusta perfectamente a los protocolos establecidos. Además, llevaban los grilletes delante y no detrás, algo que es mucho más penoso.
Tercera falsedad: "Se persigue a activistas por sus ideas"
Otro de los argumentos utilizados consiste en presentar la investigación como una actuación contra el movimiento antiturístico. Los hechos conocidos apuntan justamente a lo contrario. La Guardia Civil actuó después de que varias víctimas denunciaran unos daños presuntamente constitutivos de delito.
En un Estado de Derecho, cuando existen denuncias y posibles indicios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen la obligación legal de investigarlos, con independencia de cuál sea la ideología, afiliación política o motivación de quienes pudieran haberlos cometido.
La investigación se refiere a unos hechos concretos denunciados por particulares, no a la pertenencia de las investigadas a una determinada plataforma.
Cuarta falsedad: "Las víctimas son las activistas detenidas"
Una parte del debate público, especialmente en las redes sociales, ha desplazado el foco desde los establecimientos atacados hacia las personas investigadas.
Sin embargo, el origen del procedimiento fueron cinco empresarios que denunciaron haber sufrido daños en sus negocios. Las imágenes de videovigilancia y las diligencias policiales se incorporaron precisamente para esclarecer esos hechos y determinar, en su caso, la autoría.
Pero incluso ante estas evidencias, algunos medios de comunicación han criticado la existencia de esos dispositivos de videovigilancia enfocando la vía pública. Se persigue, de este modo, cuestionar a las víctimas, cuando ellas son las perjudicadas por los actos delictivos que investiga la Guardia Civil.
Críticas en las redes a la actuación de la Guardia Civil y al PSOE
Tras las palabras del general jefe de la Benemérita en Baleares, defendiendo la actuación de sus subordinados, han arreciado las críticas contra la Guardia Civil desde ciertos sectores del independentismo catalanista y de la izquierda radical. Y por extensión, contra la delegación del Gobierno en Baleares, su titular, Alfonso Rodríguez, y destacados dirigentes del PSOE como Rosario Sánchez Grau, secretaria de Estado de Turismo, y Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad.
En este sentido, la posición del PSIB es manifiestamente incómoda, pues si bien respalda la manifestación del domingo, al considerar que va dirigida contra el Govern de Marga Prohens (PP), ha evitado criticar la actuación policial; si bien se ha desmarcado de ella diciendo que la Delegación del Gobierno no interfiere en operativos policiales.
De esta forma, Alfonso Rodríguez ha pedido "respeto a la actuación de la Guardia Civil", aunque dice entender el "hartazgo" de la ciudadanía ante la masificación turística, de la que responsabiliza al PP, ocultando que durante los ocho años de Govern del Pacte de Progrés, con Francina Armengol como presidenta, Baleares aumentó en 115.000 sus plazas turísticas legales.
Especialmente comprometida es la posición de Rosario Sánchez, candidata socialista a la presidencia del Govern y actual secretaria de Estado de Turismo, pues por lado se alinea con los convocantes de la protesta del 26-J pero a la vez es la responsable de las cifras récord que registra el sector turístico nacional y de las que el Gobierno de PSOE y Sumar sacan pecho a la mínima oportunidad.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, anticipa una temporada turística de récordhttps://t.co/31GW49U4yn pic.twitter.com/SVRFlKvOfT
— Europa Press TV (@europapress_tv) July 6, 2026
Batalla política en diversos frentes
Diversos colectivos y dirigentes políticos, esencialmente de la formación ecosoberanista Més per Mallorca, han convertido las detenciones en un símbolo de una supuesta persecución del movimiento contra la saturación turística. Ese relato ha coincidido temporalmente con la preparación de la manifestación convocada para el próximo domingo por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, convirtiendo un procedimiento penal en un elemento de movilización política.
De hecho, desde el día 15 hasta ahora, diariamente se suceden nuevas informaciones, a cada cual más peregrinas e infundadas, que permiten forzar el relato que defienden los activistas antiturismo: desde unas supuestas pintadas antisemitas en propiedades de familiares de una de las detenidas, hasta un episodio durante el arresto, donde un agente habría, siempre según el delirante relato que a nadie se atribuye, exigido hablar en castellano y no en catalán a una de las investigadas.
Sin embargo, hasta el momento no se denunciado ante la Justicia ninguna actuación supuestamente ilegal o vulneradora de derechos fundamentales. Lo acreditado es que existieron denuncias por daños, una investigación policial sustentada en pruebas —grabaciones de cámaras— y la detención de dos personas como presuntas autoras de varios delitos, cuya responsabilidad deberá determinar ahora la autoridad judicial.
Lo que sí se observa profusamente en las redes sociales son ataques a la Guardia Civil; al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; y al PSOE. Tales ataques desvelan que estamos ante una estrategia política para desgastar al rival político por parte de Més per Mallorca.
Preocupante deriva criminal
Todo lo anterior y en especial la defensa de los actos vandálicos perpetrados en Santa Maria que hacen los convocantes de la manifestación del domingo y también los ecosoberanistas de Més, demuestran una deriva antidemocrática con la defensa de actuaciones delictivas contra determinados negocios, tal y como instigó la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', con la difusión del 'Manual de acción contra la turistificación' que ofrece instrucciones sobre cómo llevar a cabo acciones de sabotaje y daños a la propiedad, a la vez que aconseja cómo eludir la identificación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Contra un model que ens precaritza, ens fa fora de casa i explota la nostra illa no ens queda una altra opció que viure lluitant! ⚒️💥 pic.twitter.com/IowXZnciyJ
— Arran Mallorca (@ArranMallorca) July 23, 2026
Protesta heterogénea
Lo cierto es que todo lo anterior ha movilizado a la izquierda política y social desde muy diversos ámbitos. Desde asociaciones vecinales hasta entidades ecologistas como GOB Mallorca y Greenpeace. También plataformas locales como Arrels Marines, Palma XXI, Mallorca no es ven, OCB, Joves de Mallorca per la Llengua, etc. Sindicatos como UGT, CCOO, STEi, etc.
Pero los portavoces de la convocante 'Menys Turisme, Més Vida' parecen claramente influenciados por entidades independentistas catalanistas como Arran, Endavant OSAN, SEPC y Alerta Solidària. Serían estas entidades las que habrían logrado influir en que la plataforma haya decidido promover e instigar actos de violencia netamente delictivos. Y, obviamente, atacar a las Fuerzas de Seguridad que actúan en el ámbito de sus competencias para poner a sus responsables ante la Justicia.
