En los últimos tiempos no son ocasionales las noticias de sucesos delictivos protagonizadas por menores de edad. Desde el lamentable episodio del lanzamiento de piedras de grandes dimensiones desde uno de los puentes que cruzan la autopista de Inca y que gracias al trabajo del Cuerpo Nacional de Policía pudo ser descubierto in fraganti y enviado a prisión provisional sin fianza, se han sucedido nuevos casos emulando al primero. La Policía identificó a cinco menores, dos de ellos de 12 años y otros dos de 14. Solo uno cuenta con 16 años.
Como se sabe, los menores que no han alcanzado los 18 años no son responsables criminalmente con arreglo al Código Penal, aunque sí les es de aplicación la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en vigor desde enero de 2001, a los menores de entre 14 y 18 años, y de eso se encargan los Juzgados de Menores. Pero los menores de 14 años son inimputables y no se les exigen responsabilidades por sus actos. Dado que la Ley no da respuesta a los actos cometidos por menores de 14 años, debe analizarse qué lleva a estos chavales a cometer actos violentos que atentan contra la vida y la propiedad de otras personas. Y de este análisis se desprende que en no pocas ocasiones sus padres o tutores legales han hecho dejación de sus responsabilidades para con el menor.
A menudo los padres descuidan no solo la formación de sus hijos, que dejan en manos de los centros docentes y de la que irresponsablemente se desentienden, sino también de su educación en asuntos básicos y vitales como el respeto a la Ley, a los mayores y a la propiedad privada. Muchas veces tampoco ayudan determinados medios de comunicación, en especial la televisión, emitiendo en horario infantil determinados contenidos nocivos que alientan las conductas irrespetuosas, cuando no directamente ofensivas.
No son solo piedras lo que los menores arrojan a los coches que circulan por la autopista. Es mucho más. Los comportamientos delictivos cometidos por menores inimputables son un síntoma más de la crisis de valores que también padece nuestra sociedad. Y de ello somos todos responsables, también los padres y madres que por las causas que sean, desertan de su función de padres y dejan que sus hijos hagan lo que ellos quieran, sin pensar en las consecuencias de este abandono. Además, los padres o tutores son responsables civilmente por los actos cometidos por los menores sujetos a su patria potestad o tutela. El incumplimiento del deber de vigilancia que todo progenitor tiene con sus hijos sobrevuela muchos casos que ahora son noticia. Y eso no debe quedar impune. Por el bien de los menores.
