La presidenta del Consell, Maite Salord, ha anunciado este miércoles la rescisión definitiva del contrato entre la máxima institución menorquina y la UTE Mejora Mahón-Alayor, la constituida por las constructoras Dragados y Antonio Gomila, para la realización de las obras de la carretera general en su tramo Maó-Alaior. La eliminación de la señalización provisional podrá comenzar la próxima semana.
Después de varios meses de negociación, ambas entidades habrían formalizado su rescisión contractual de mutuo acuerdo y sin ningún tipo de indemnización para ninguna de las partes. En comparecencia de prensa, la presidenta Salord ha señalado la dificultad que ha supuesto a nivel jurídico todo el proceso y ha querido agradecer a los técnicos del Consell su labor realizada.
El preacuerdo entre las partes, firmado este pasado lunes 1 de febrero, incluye el pago de 103.000€ en concepto de compensación por gastos ya asumidos por la empresa, la devolución de la garantía depositada por ésta, y la liquidación de 190.000€ correspondientes a la obra realizada al margen del contrato.
La Comisión de Gobierno que se celebrará el próximo lunes deberá aprobar este acuerdo y, una vez que la UTE sea notificada formalmente de la rescisión oficial del contrato, dispondrá de un plazo de 30 días para eliminar todas las medidas provisionales que aún se encuentran en la carretera.
Esta actuación, que tendrá un coste de 135.000€, incluye el suavizado mediante remontes de arena de los terraplenes de hasta 50 centímetros en los márgenes de la calzada, la supresión de las vallas de plástico y su sustitución por biondas metálicas y la eliminación del encofrado aún existente bajo el puente ya construido frente al enlace con La Argentina.
Además, el tramo desviado de la calzada en el kilómetro 9 volverá a su trazada habitual y se eliminarán todas las señales provisionales de obra, excepto las que limitan la velocidad a 70 kilómetros por hora. Las líneas amarillas se mantendrán durante el tramo que transcurre entre Rafal Rubí y Alaior.
