La investigación ha revelado una estructura criminal con una estabilidad de al menos tres años y un ánimo de lucro sostenido, ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa este lunes.
Según el Grupo I de la Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, que inició la investigación, la organización utilizaba una estructura documental fraudulenta diseñada para eludir los controles administrativos del padrón municipal, buscando oficinas con menos mecanismos de fiscalización.
ENTRE 250 Y 300 EUROS
Así, el grupo supuestamente creaba contratos de alquiler y arras falsos, suplantando la identidad de los propietarios reales de los inmuebles. Una vez hecho el contrato falso, firmaban autorizaciones de empadronamiento a favor de terceros, cobrando entre 250 y 300 euros por cada alta ilícita.
Con la investigación se ha constatado que los presuntos miembros de la organización se distribuían las funciones de forma coordianada y se han identificado 70 beneficiarios directos.
El objetivo final de estas altas no era el uso de la vivienda, sino el acceso a la tarjeta sanitaria, la obtención de la tarjeta ciudadana o la generación de antecedentes de residencia para tramitar expedientes de arraigo social.
Con todo, la Policía detuvo a cinco hombres y a tres mujeres como presuntos autores de un delito de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.
