La pregunta no es meramente retórica, pues realmente no sé de qué les sirve a los ciudadanos de Balears la figura del Delegado del Gobierno; en abstracto y, muy particularmente, la del actual titular del cargo.
Sí, ya sabemos que los herederos de los gobernadores civiles no rinden cuentas ante la ciudadanía -su legitimidad democrática es cero-, sino exclusivamente a quienes les han nombrado para desempeñar semejante canonjía, pero lo de Alfonso Rodríguez Badal excede todos los límites conocidos de la inhibición, por usar un término educado.
Hace ya bastantes meses, si no años, -especialmente desde que Pedro Sánchez decidió unilateralmente abrazar a calzón quitado las políticas de Marruecos sin importarle las consecuencias- que nuestras costas se han convertido en una ruta consolidada para la inmigración ilegal desde Argelia, ante la absoluta pasividad y negacionismo del Gobierno y el dontancredismo innato de su Delegado en Balears.
El Estado no existe en nuestro litoral más que para perseguir a nuestros pescadores y para recaudar cánones de las concesiones existentes. Están tan ocupados en ello que, mientras tanto, se les cuelan decenas de pateras con inmigrantes ilegales por la costa del Llevant de Mallorca y por Formentera. Y eso que la Guardia Civil presume en las redes de que su Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (CECORVIGMAR) controla la totalidad de costa española. El chiste -malo- se cuenta solo.
Rodríguez Badal no puede dar ni una sola explicación razonable a la total indolencia de las fuerzas que supuestamente representa ante este fenómeno y a las tensiones que está produciendo entre los ciudadanos que, más pronto que tarde, acabarán mal. Basta cruzar el Mediterráneo para encontrar ejemplos palpables de a dónde nos conduce esta pasividad. Y no la puede dar porque, en primer lugar, el Gobierno español carece de la más mínima política de fronteras y de regulación de la inmigración. Seguramente, entre lo de Trump y lo de Sánchez debe existir un término de razonabilidad, pero a nuestro Gobierno eso no le interesa.
Pero tampoco vamos a ser tan inocentes de pensar que esta inoperancia consciente no tiene nada que ver con el color político de las instituciones de nuestra comunidad. No hemos nacido ayer. Cuanto peor le vaya a Balears -piensa el entorno sanchista y su lacayo insular-, mejor. A ver si logramos culpar de ello al PP.
En Balears, el Gobierno de España fomenta la percepción de un Estado fallido. Y no solo por el enojoso asunto de la inmigración ilegal y el incremento exponencial de la delincuencia que hemos experimentado en los últimos diez años -en ocho de ellos, gobernando el PSIB-, sino también con relación a dos de las tres máquinas recaudadoras que los de Sánchez gestionan desde Madrid: AENA y Puertos del Estado. La tercera es, obviamente, la AEAT, que esa sí funciona como un reloj suizo.
Del aeropuerto de Palma, Rodríguez se limita a decir que “no está sobre la mesa” su cogestión con la Comunidad Autónoma. Menos mal que esta tropa del PSOE era, en teoría, federalista, porque si llegan a ser centralistas dejan a Franco muy atrás.
Y de nuestro malogrado Paseo Marítimo de Palma, por supuesto, ni una palabra de comprensión acerca de la demencial, espantosa y cutre reforma que ha perpetrado el Estado dando la espalda, como siempre, a los habitantes de Ciutat, suprimiéndoles miles de plazas de aparcamiento, lo que conduce a la ruina a muchos de los negocios que allí había.
En suma, un dechado de virtudes que merece algún premio político que, sin duda, anda buscando antes de su jubilación.
