Siempre me pareció algo muy extraño la existencia de dos listas para las matrículas de las embarcaciones de pequeña eslora. Nunca entendí el porqué, yo mismo, podía llegar a un acuerdo con mi vecino participando en la propiedad de su barca, con la finalidad de disfrutar, ambos, de su uso, repartiéndonos así los costes; al tiempo que no podíamos hacer lo mismo mediante la más sencilla fórmula del alquiler. De hecho, es una característica típica del corporativismo español, esto es, del “régimen del expediente”, por el cual nuestro Estado y nuestros gobiernos se caracterizan por desconfiar de los ciudadanos a los que, a menudo, tratan como súbditos.
Esta normativa, propia del “Spain is diferent”, incentivó la matriculación de muchas embarcaciones nuevas en Baleares, lo que llevó a la proliferación de nuevos puertos deportivos y a la ampliación de muchos otros. Pues, efectivamente, como las pequeñas barcas se utilizan muy pocos días al año, no es una hipótesis descabellada pensar que, sí las existentes se pueden compartir, se cumplirían las expectativas de los navegantes con menos naves. Una vez más, la “teoría de las consecuencias no intencionadas” puede estar operando.
En este sentido, los economistas solemos mantener que la flexibilidad en el uso de los recursos, normalmente, supone un mejor aprovechamiento de los mismos, con las grandes ventajas de todo orden que esto conlleva. Entre los cuales figura, como una de las principales la menor saturación. Llevando el razonamiento hasta el absurdo, podríamos decir que sí solo se pudiese disfrutar de una residencia de verano siendo el propietario, nos encontraríamos con que muchas estarían desocupadas, -y seguramente deficientemente mantenidas-, al tiempo que quedarían frustrados los deseos de tantos otros veraneantes.
Por todo ello, habría que dar la bienvenida a la posibilidad de pasar de una lista a otra. No en vano, es la Unión Europea la promotora de esta normativa que impulsa la armonización con el objetivo de facilitar la libre circulación de servicios, promoviendo una competencia leal. Y lo hace para ajustarse a los principios generales de las directivas de servicios del mercado interior, así como a los altos estándares de seguridad marítima y de protección medioambiental que caracterizan las decisiones de la Unión.
Regular la circulación marítima, incluidas las limitaciones de fondeo en determinadas áreas, es algo totalmente lógico, sin embargo, nada tiene que ver con el régimen jurídico con el que se utilicen las barcas. Mezclar una cosa y la otra, sinceramente, o no tiene sentido o, tal vez, es deshonesto.
Por otro lado, el desarrollo reglamentario de esta norma lo ha realizado el muy intervencionista gobierno de Pedro Sánchez, aunque, por la menor relevancia política del tema, lo más probable es que lo haya dejado en manos de funcionarios de segundo nivel. Seguramente, por todo esto, el resultado es que la norma liberalizadora es de muy difícil aplicación efectiva. Pues, además de cumplir con toda la minuciosa normativa en materia de seguridad y medioambientales, obliga que la embarcación a que esté gestionada por una empresa dedicada al arrendamiento náutico, teniendo que pasar por innumerables y farragosos trámites burocráticos.
Que las empresas del sector actúen como lobby intentando frenar cualquier tipo de competencia es lo esperable, el mundo de quienes están sometidos a las reglas de mercado es muy duro, aunque beneficioso para el usuario y, por ende, para el medioambiente. Por supuesto, para alcanzar su fin, no pueden argumentar la necesidad de un privilegio proteccionista para el sector, así que también es lógico que apelen a la protección del medio marino. Son prácticamente los mismos argumentos que en su día utilizaron los hoteleros para establecer un “numerus clausus”, también las farmacias y otros segmentos económicos sometidos al “régimen del expediente”.
Pero, en cualquier caso, el rasgamiento de vestiduras que hemos presenciado estos días entre periodistas, políticos y el mismísimo Govern me parece un simple paripé, ya que lo más probable es que el statu quo apenas va a cambiar. Aunque, no deja de ser preocupante que los deseos de limitar la propiedad privada se hayan asumido, y están tan extendidos, no sólo entre la parte izquierda del espectro político, sino ahora también en la derecha.
