Pedro Sánchez ha cruzado una línea peligrosa. Mostrar “admiración” por unas protestas que han impedido celebrar con normalidad la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en las calles de Madrid, es mucho más que un error político. Es una irresponsabilidad gravísima de un presidente del Gobierno que ha alentado las protestas, desatendiendo su deber de mantener el orden, proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad ciudadana.
Los disturbios violentos que tuvieron lugar en la capital de España, azuzados por el Gobierno, para boicotear el final de La Vuelta, con el pretexto de protestar por la guerra en Gaza, obligó a la Policía a actuar contra los manifestantes. Pero Sánchez y sus ministros, lejos de condenar esa protesta violenta e ilegal, se posicionó del lado de quienes alteraron el orden público, enalteciendo a los que boicotearon la competición ciclista.
Sánchez y sus ministros, lejos de condenar esa protesta violenta e ilegal, se posicionó del lado de quienes alteraron el orden público, enalteciendo a los que boicotearon la competición ciclista
Cuando la protesta se radicaliza hasta el punto de obligar a la suspensión de una etapa deportiva —con implicaciones económicas, de imagen mundial, para los aficionados, los organizadores, los corredores—, hay responsabilidades. Un presidente debe velar por que el derecho a manifestarse no se convierta en herramienta para imponer el caos o frenar la actividad pacífica. Sánchez, sin embargo, parece usar esas manifestaciones como cortina de humo.
Y ese cortina de humo tiene motivos claros: los problemas judiciales que le rodean, la investigación sobre su entorno —hermano, esposa, el fiscal general, la corrupción interna, la prisión preventiva de su mano derecha en el PSOE, Santos Cerdán— no se resuelven con silbidos ni protestas contra Israel, pero distraen.
Alentar o legitimar protestas que desbordan los límites del respeto por la convivencia democrática y la seguridad, es una estrategia de distracción intolerable en un Estado de derecho.
En democracia no se incendian las calles cuando conviene; se actúa con respeto a la Ley y con responsabilidad cuando lo que está en riesgo es el orden público y la seguridad ciudadana. Y en esa prueba, Sánchez ha fracasado. Su admiración no limpia sus casos judiciales. Lo que hace es elevar el peligro de fractura social, ridiculizar la autoridad del Estado, y debilitar la democracia con gestos populistas.
España merece líderes que pacifiquen, no que incendien. Y Sánchez ha escogido el humo para tapar su absoluto fracaso al frente de un Gobierno deslegitimado, sin apoyo parlamentario y sin respaldo social.
