La plataforma ciudadana 'Stop Macrogranja Llucmajor, sense olors ni mosques' ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 11 de Palma que investigue a las empresas responsables del sello de bienestar animal ‘Welfair’, al considerar que podrían haber actuado con complicidad en el caso de la conocida como ‘granja de los horrores’ de Llucmajor.
Según denuncian, la certificadora avaló las condiciones del recinto apenas una semana antes de que la Conselleria de Agricultura clausurara una nave por graves deficiencias sanitarias y medioambientales.
SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN
En su escrito, la asociación pide al juzgado -que ya mantiene abiertas diligencias por presuntos delitos de maltrato animal y vulneración de la normativa ambiental- que requiera a la empresa certificadora toda la documentación relacionada con las auditorías realizadas a la granja, gestionada por Avícola Son Perot.
El foco está puesto en la última inspección, efectuada el pasado 20 de mayo, pocos días antes de que las imágenes difundidas por ARDE y Satya Animal revelaran una situación alarmante: animales muertos en descomposición, presencia de ratas y graves carencias de higiene.
La plataforma vecinal apunta directamente a la empresa responsable del sello 'Welfair' -basado en criterios como buena alimentación, salud, alojamiento adecuado y comportamiento natural- por no haber alertado a las autoridades sobre el estado real de la explotación. "Podrían haber actuado en complicidad con la empresa avícola al no trasladar hechos críticos de sanidad y bioseguridad", advierten.
PRESUNTO DELITO DE ESTAFA
Además, la denuncia plantea un posible delito de estafa contra los consumidores. Argumentan que el sello de bienestar animal induce a error, ya que incrementa el precio de venta de los huevos bajo la promesa de condiciones superiores de cría y cuidado, lo que no se ajusta a la realidad documentada en Llucmajor. "El consumidor paga más creyendo que está comprando un producto ético y seguro, pero los hechos revelan lo contrario", sostienen.
La credibilidad del sello Welfair, promovido en España por IRTA y AENOR, queda así en entredicho, según los denunciantes. La granja investigada arrastra un historial de sanciones: en 2023, fue multada con 150.000 euros por operar sin autorización ambiental y mantener un estercolero al aire libre; en 2024, se suspendió su actividad de cría de gallinas camperas; y, este 2025, ha recibido siete sanciones graves por un valor total de 200.100 euros tras una inspección de Agricultura.
Los denunciantes destacan que el bienestar animal es un factor decisivo para el consumidor español: el 91 por ciento lo considera importante y más de la mitad estaría dispuesto a pagar más por productos que garanticen ese estándar. Sin embargo, en este caso, señalan que se ha producido un engaño generalizado, del que podrían haberse beneficiado tanto la empresa certificadora como la productora.
PRÓXIMO PASO
El juzgado deberá ahora valorar si admite a trámite la petición de la asociación vecinal y si se amplía la investigación a los responsables del sistema de certificación. La causa, que nació tras la difusión de vídeos por parte de activistas, continúa creciendo y podría tener ramificaciones en el ámbito del consumo, la sanidad pública y la fiscalización de los sellos privados de calidad alimentaria.
