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Piden 200 años en el macrojuicio a los 52 miembros del clan de El Pablo en la Audiencia Provincial
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Piden 200 años en el macrojuicio a los 52 miembros del clan de El Pablo en la Audiencia Provincial

Por Redacción
jueves 26 de octubre de 2017, 08:00h

Pablo Campos Maya, más conocido como El Pablo, y los 51 integrantes de su clan de presuntos narcotraficantes que operaban en el barrio de La Soledat (Palma) acuden este jueves a la Audiencia Provincial con motivo de una vista previa enmarcada dentro de un juicio en el que el Ministerio Fiscal les pide, en total, más de 200 años de cárcel. La Fiscalía considera que parte de los acusados funcionaron, al menos desde agosto de 2014 a septiembre de 2015, como una estructura organizada cuya finalidad era el "lucro proveniente de la difusión de sustancias estupefacientes -marihuana y cocaína- a terceras personas".

Así, considera que la agrupación estaba dirigida por El Pablo, "bajo cuyas órdenes se encuentran todos los demás y que es el principal beneficiario de las ventas de estupefacientes" lo que le permitió "irse haciendo progresivamente con la práctica totalidad de las propiedades en varias calles de la Soledad".

Según se explica, en estas calles tenía instalados puntos de venta de drogas, normalmente regentados por familiares suyos, con lo que creó una zona "prácticamente impermeable a la investigación policial" debido a que cualquiera que pasara por esas calles -especialmente la calle Teix- y que "no fuera del grupo o cliente era inmediatamente detectado".

En el escrito de la Fiscalía también se dice que sus principales colaboradores eran sus hijos, que también están acusados. Regentaban un punto de venta cada uno y supervisaban otros, abastecían y realizaban la recaudación diaria y contrataban a personas para hacer los turnos.

Por su lado, I.C.F. se ocupaba de gran parte del abastecimiento de marihuana y A.S.F., era el lugarteniente de El Pablo y el encargado de los contactos con los proveedores de cocaína.

De esta manera, El Pablo se enfrenta a una pena total de siete años de cárcel por dos delitos contra la salud pública, -tráfico de drogas-, y por un delito de integración en un grupo criminal. Además, se le pide una multa de 155.000 euros.

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