La Policía Nacional y la Policía Local de Palma han tomado la antigua cárcel de Palma este miércoles tras las quejas vecinales para comprobar cómo está la situación e identificar a los okupas que están viviendo en ella.
@mallorcadiario.com
Medio centenar de agentes de diversas unidades policiales de ambos cuerpos han entrado este miércoles por la mañana en el viejo recinto penitenciario, como respuesta a las quejas vecinales de los últimos días en las que lo señalaban como un supuesto foco de inseguridad.
Durante el operativo, los agentes han tratado de verificar la situación de los residentes y comprobar que no hubiera personas con alguna reclamación judicial, presuntos autores de delitos o sustancias estupefacientes.
Cabe recordar que los vecinos de la barriada de Cas Capiscol han convocado una manifestación este viernes para protestar por la inseguridad la zona y reclamar una solución para las personas que viven la cárcel abandonada.
Preguntada por este operativo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha señalado que llevan trabajando en la zona desde hace dos años.
El objetivo de esas labores, ha subrayado, es tener una idea "real" y "actualizada" de las personas que viven en la antigua prisión de Palma.
La actuación de la Policía Local de Palma en el operativo, ha explicado, se ha limitado a dar apoyo a la Policía Nacional y elaborar un censo de los residentes.
El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma ha mostrado su rechazo al operativo policial en la antigua cárcel de Palma y lo ha comparado con la política "racista y aporofóbica" del alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol.
En un comunicado este miércoles, el partido ha señalado que la pobreza y la vulnerabilidad no se resuelven con represión y que situaciones como esta evidencian la falta de políticas públicas efectivas en materia de vivienda, servicios sociales y protección de las personas más desfavorecidas.
La concejal de Podemos en Cort, Lucía Muñoz, ha señalado que es "inaceptable que el Ayuntamiento priorice la intervención policial antes que garantizar vivienda digna y recursos de acompañamiento integral", puesto que "la criminalización de la pobreza sólo agrava la situación de las personas vulnerables".
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