El Consell de Mallorca acaba de aprobar, con los votos de PSOE, PSM y UM y la abstención del PP, un reglamento en virtud del cual los contratos públicos de cualquier tipo con esta institución quedarán vedados a las empresas que no empleen el catalán. Según se ha publicado, la nueva norma establece la obligación de que los concesionarios presenten su documentación y se relacionen de cualquier manera con el Consell "al menos en catalán". El incumplimiento de esta obligación tendrá la misma consideración que cualquier otro incumplimiento, por lo que el Consell podría descontar el 10% en el pago o incluso resolver el contrato, lo que llevaría aparejada la inhabilitación por dos años para volver a contratar con administraciones públicas. Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha hecho saber que se opone a este reglamento. Francisco Alegret Crespí, se ha comprometido a derogarlo si accede al Consell tras las próximas elecciones, y se ha manifestado "sorprendido por el grado de incapacidad de nuestros políticos". Alegret señala que esta norma "es inaceptable por varios motivos: porque recorta las libertades lingüísticas en una deriva verdaderamente preocupante; porque limita el acceso de las empresas a la contratación pública en libre concurrencia; porque empobrecerá la oferta de servicios; porque espantará la inversión; y porque insulta la inteligencia de los mallorquines". Para Juan Luis Calbarro, candidato de UPyD al Govern, el PSIB, PSM y UM "quieren morir matando". El portavoz del partido ha señalado que "esta normativa introduce entre los pequeños y medianos empresarios mallorquines inseguridad jurídica e incertidumbre económica", ya que "su constitucionalidad es muy dudosa. Creemos que cualquier sanción basada en esta normativa sería recurrible por la vía contencioso-administrativa y animamos a los ciudadanos que se consideren perjudicados por resoluciones del Consell que en ella se basen a recurrirlas". Según Calbarro, "este disparate afecta a derechos fundamentales y, por tanto, estamos estudiando una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados; puede ser una pregunta al Gobierno de la Nación, que es el responsable de garantizar los derechos de los españoles, o tal vez una proposición no de ley, ya se verá." "En cualquier caso", opinó Calbarro, "todo esto nos parece una nueva ocurrencia identitaria que no ayudará a los mallorquines precisamente a salir de la crisis. Recordemos que en 2009 la señora Armengol sólo ejecutó un 75% del presupuesto en inversiones; ¿Armengol nos promete que si le entregamos la documentación en catalán no volverá a dejar sin ejecutar altísimos porcentajes de sus presupuestos para inversiones, como acostumbra? No lo creo." Calbarro quiso recordar, también, que "el mismo día que en Madrid Cospedal acusaba a Antich de "usar el catalán como arma arrojadiza" y Bauzá aseguraba que si gobierna "el catalán dejará de ser un requisito", en Palma el mismo PP, que podía impedir la aprobación de este reglamento, se abstenía "en positivo" en favor de la llamada lengua propia, demostrando nuevamente su confusión en materia de libertad lingüística y su hipocresía. Ahora dicen que van a presentar alegaciones. Si lo que desean es volver a pactar con Convergència-UM, lo estan haciendo muy bien; pero que lo digan claramente para que el elector sepa a qué atenerse, porque no se puede defender a la misma hora la libertad lingüística en Madrid y la exclusión de los castellanohablantes en Palma", concluyó el líder de UPyD.
