El Govern de Marga Prohens anunció este viernes la aprobación de un decreto ley que, entre otras cosas, amplía de dos a cuatro años el plazo para acreditar el conocimiento del catalán en procesos de estabilización del personal público, así como la rebaja del nivel exigido a los celadores de la sanidad pública.
Ambas medidas obedecen a la necesidad de garantizar la continuidad y eficacia de los servicios públicos en Baleares. Se trata de evitar el cese de aproximadamente 145 trabajadores públicos, muchos de ellos vinculados a la atención a la dependencia, cuya labor es esencial para la ciudadanía.
La prórroga del plazo para acreditar el catalán permite a estos profesionales continuar desempeñando sus funciones mientras adquieren el nivel lingüístico requerido, equilibrando así la promoción y conocimiento del catalán por parte de los empleados públicos y las necesidades de la Administración.
La prórroga del plazo para acreditar el catalán permite a estos profesionales continuar desempeñando sus funciones mientras adquieren el nivel lingüístico requerido
En el ámbito sanitario, la flexibilización del requisito lingüístico para los celadores responde a una situación crítica: la escasez de personal en el sistema público de salud. La exigencia de un nivel demasiado elevado de catalán es contraproducente e innecesario. Y dificulta la incorporación de profesionales, lo que perjudica la prestación del servicio sin ninguna ventaja.
Es fundamental reconocer que la promoción del catalán como lengua cooficial debe coexistir con la garantía de unos servicios públicos eficientes y accesibles. La imposición de requisitos lingüísticos estrictos, sin considerar las circunstancias específicas de cada sector, puede generar efectos contraproducentes, como la disminución de la calidad del servicio o la falta de personal cualificado.
Por tanto, la decisión del Govern del PP, consensuada con Vox, de flexibilizar temporalmente los requisitos lingüísticos, demuestra una voluntad de adaptar las políticas públicas a las necesidades reales de la ciudadanía, priorizando la eficiencia de los servicios esenciales sin renunciar al fomento del catalán.
Es un paso necesario para avanzar en una Administración autonómica que sitúa a los ciudadanos y el servicio público por encima de cualquier otra consideración. La realidad del mercado laboral es la que es; y el Govern hace lo correcto al adaptar la normativa para evitar situaciones comprometidas y que nadie desea.
