La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha desmentido las afirmaciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cuando en una entrevista en un programa de TVE este miércoles ha afirmado que el Govern no envió “el certificado de los menores que tenía en su comunidad autónoma como se requirió desde el Ministerio de Infancia”.
Prohens ha asegurado que se enviaron los datos de menores migrantes no acompañados acogidos en Baleares: 573. Y se ha referido al comunicado de prensa que su Ejecutivo difundió el día 31 de marzo de este año, cuando la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales informó al Gobierno de aquel dato.
La presidenta de Baleares ha calificado de “falso” lo dicho por el ministro Torres y ha recordado que en la reunión mantenida con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 29 de julio, “le reiteré estos datos y él mismo, en la rueda de prensa, dijo estar preocupado porque esta ruta migratoria crecía más que cualquier otra en España”.
“No puedo admitir estas mentiras ni amenazas”, ha alegado Prohens en declaraciones al programa ‘Al rojo vivo’ de La Sexta.
CONSECUENCIAS LEGALES
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, advirtió este miércoles de que habrá consecuencias legales si las comunidades autónomas incumplen la ley que obliga a derivar a menores migrantes no acompañados desde territorios saturados hacia otras regiones.
“No me imagino que quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría lógicamente consecuencias también legales”, declaró desde la sede del Ministerio de Justicia, en respuesta a la posibilidad de desplegar a los cuerpos de seguridad en caso de incumplimiento, mencionada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Bolaños defendió que los criterios de reparto son objetivos, claros y transparentes, basados en la ratio de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes. Las comunidades que tripliquen esta cifra deberán derivar a los menores a regiones con menos presión migratoria, considerando además parámetros como renta, paro, dispersión, insularidad o situación fronteriza.
El decreto, que entra en vigor este jueves, fija la capacidad de acogida de cada autonomía y activa la solidaridad obligatoria: en un año se derivarán unos 3.000 menores desde Canarias, Ceuta, Melilla, Andalucía y Baleares a otras regiones. Los traslados de menores que lleguen a partir de septiembre deberán realizarse en un plazo de 15 días.
CRÍTICAS DEL PSIB
El PSIB ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de oponerse al reparto de menores migrantes y de impulsar políticas "racistas e inhumanas" con el objetivo de "competir en odio y racismo con Vox".
Así se ha expresado la mañana de este miércoles el secretario de Nuevos Derechos, Cooperación y Migraciones de los socialistas, Omar Lamin, en una rueda de prensa.
"Ignoran las necesidades de los más vulnerables y hacen políticas en contra de los intereses de estos niños, y lo hacen con el objetivo claro de competir con Vox para ver quién suelta la mentira más grande", ha sostenido el también diputado socialista en el Parlament.
"Es absolutamente indecente, indignante e irresponsable que responsables políticos manifiesten su incapacidad y vaguería diciendo que a partir de ahora solo podrán cubrir las necesidades básicas de los menores llegados en patera", ha criticado.
El Consell de Mallorca viene alertando desde hace unas semanas de que si su sistema de protección de menores sigue sobresaturado tendrán que limitarse a ofrecer un servicio "meramente asistencial".
Ante ello, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha asegurado que está buscando de la mano del Ejecutivo autonómico nuevos espacios en los que poder atender a los menores migrantes y uno de los que se baraja es el antiguo cuartel de Son Tous.
"Lo que no dicen es que junto a estos a los que quieren alojar en tiendas de campaña también acabarán alojando a niños del conjunto del sistema de protección. ¿O es que quieren hacer un sistema de dos velocidades, uno para los de aquí y otro para los africanos o los que tengan un color de piel un poco más oscuro?", ha replicado Lamine.
A su parecer, Prohens ya ha manifestado "clarísimamente" que en su Govern optan por el "racismo institucional y las políticas inhumanas".
AMENAZAS DE TORRES
El PP balear ha condenado este miércoles las "amenazas intolerables" del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha advertido de enviar fuerzas de seguridad contra las comunidades que recurran el reparto de menores migrantes.
El portavoz parlamentario de los 'populares', Sebastià Sagreras, ha calificado de "escandaloso" que, en lugar de reforzar la lucha contra las mafias, el Gobierno de Sánchez prefiera "perseguir a las comunidades autónomas, forzándolas a asumir lo que no pueden", según ha trasladado el PP en nota de prensa.
"Esto no son soluciones, esto es matonismo político", ha sentenciado. El portavoz 'popular' ha recordado que Baleares está "al límite y sobrepasada", con más de 4.700 inmigrantes irregulares llegados este año y más de 680 menores bajo tutela, lo que supone una sobreocupación del 1.000 por ciento.
"El mismo Ministerio reconoce que ya tenemos 200 menores por encima de nuestra capacidad, y aun así pretende imponernos más. No es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de dignidad y de responsabilidad", ha subrayado.
Sagreras ha insistido en que el PP no se quedará de brazos cruzados ante la "dejación de funciones" del Gobierno central y ha defendido la postura de la presidenta Marga Prohens de hacer cuanto esté en manos de la comunidad autónoma para frenar lo que ha considerado como una imposición.
"Recurriremos a todas las vías legales porque no podemos aceptar que se trate a los menores como si fueran simples paquetes a repartir", ha concluido Sagreras.
