El Govern del Pacte ignoró informes internos contra el sistema de contenedores orgánicos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto un procedimiento sancionador contra la empresa municipal Emaya por posibles irregularidades en el tratamiento de datos vinculados al sistema de apertura de los contenedores de residuos orgánicos en Palma mediante la tarjeta ciudadana.

El expediente se inició tras una reclamación presentada ante la AEPD que cuestionaba la legalidad del sistema de control de acceso a estos contenedores, implantado por el Ayuntamiento de Palma dentro de su política de recogida selectiva. El mecanismo permite abrir los contenedores de materia orgánica mediante la tarjeta ciudadana, lo que implica un tratamiento de determinados datos asociados al uso del servicio.

Tras analizar la información aportada por las partes, la Agencia acordó el 23 de diciembre de 2024 iniciar procedimiento sancionador al apreciar indicios de varias posibles infracciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

En concreto, el expediente apunta a presuntas vulneraciones de los artículos 6.1, 13 y 14 del RGPD, relacionados con la base jurídica del tratamiento y la obligación de informar adecuadamente a los ciudadanos sobre el uso de sus datos. También se investigan posibles incumplimientos del artículo 5.1 e), relativo a la limitación del plazo de conservación de los datos.

Además, la AEPD examina si Emaya habría incumplido obligaciones organizativas exigidas por la normativa europea, como la elaboración del registro de actividades de tratamiento (artículo 30) y la realización de una evaluación de impacto en protección de datos (artículo 35).

Durante la fase de investigación, Emaya defendió que los lectores instalados en los contenedores únicamente reconocen la numeración de la tarjeta ciudadana para permitir la apertura y que no existe comunicación de datos personales entre el Ayuntamiento y la empresa municipal. Asimismo, sostuvo que los datos asociados al acceso a los contenedores no contienen información personal identificable.

La empresa también explicó que el sistema de tarjeta ciudadana lleva funcionando desde hace más de dos décadas y que no se realizó en su momento una evaluación de impacto porque el tratamiento se puso en marcha antes de la entrada en vigor de la normativa actual de protección de datos.

La apertura del procedimiento no implica todavía una sanción definitiva. Ahora se abre la fase de alegaciones y valoración de las pruebas antes de que la AEPD adopte una resolución final sobre el caso. En el supuesto de confirmarse las infracciones, la normativa prevé distintas medidas correctivas, especialmente cuando se trata de organismos públicos o entidades del sector público, como es el caso de la empresa municipal.

Cort prepara una tarjeta anónima

Fuentes autorizadas del Ayuntamiento de Palma han señalado a mallorcadiario.com que el consistorio tiene constancia de la resolución de la Agencia de Protección de Datos y que desde el inicio de la actual legislatura se han buscado alternativas para corregir lo que consideran una anomalía heredada.

Según explican, el sistema actual procede de legislaturas anteriores, cuando se implantó el modelo de contenedores de orgánica cerrados que solo pueden abrirse mediante la tarjeta ciudadana. Concretamente en el año 2018, durante el Gobierno municipal de Més per Palma (con Antoni Noguera siendo alcalde y Neus Truyol presidiendo Emaya), PSOE y Podemos. Fuentes conocedoras del asunto aseguran que Emaya dispuso de informes internos desfavorables a la implementación del sistema de apertura con la tarjeta ciudadana, pero fueron desoídos por los responsables políticos de la empresa municipal. Más concretamente, el delegado de protección de datos de Emaya informó en contra del sistema de apertura con la tarjeta ciudadana que se pretendía implantar. Pero sus advertencias fueron ignoradas por la dirección de la empresa municipal.

“El Ayuntamiento tiene constancia y conocimiento de esta resolución y, de hecho, desde el inicio de la legislatura se han buscado alternativas efectivas para resolver una anomalía que proviene de anteriores legislaturas”, han indicado estas fuentes. La principal medida en la que trabaja actualmente Emaya es la creación de una nueva tarjeta específica para abrir los contenedores, que no estará vinculada a datos personales.

La previsión municipal es que esta herramienta pueda ponerse en marcha en un plazo aproximado de entre tres y seis meses. Se tratará de una tarjeta de color blanco que sustituirá a la tarjeta ciudadana como instrumento de apertura de los contenedores de orgánica.

Según explican desde Cort, cualquier ciudadano interesado podrá solicitarla y su uso no requerirá identificación personal, ya que no será nominativa ni personalizada. “Simplemente será una tarjeta que activará la apertura del contenedor”, explican desde el Ayuntamiento.

Actualmente los contenedores permanecen cerrados por defecto y es necesario utilizar la tarjeta ciudadana para abrirlos, un sistema implantado para mejorar el control de la separación de residuos y evitar la sobreocupación de estos puntos de recogida.

Emaya trabaja ahora en el desarrollo técnico de esta nueva herramienta, por lo que todavía quedan aspectos por concretar, como la posible incorporación de algún sistema de numeración interna. En cualquier caso, desde el Ayuntamiento insisten en que la tarjeta no será nominativa ni contendrá datos personales.