Quid pro quo

Nadie duda de que los candidatos propuestos por la Junta Insular del PP de Mallorca hubieran sido distintos si el juez Castro hubiera atendido antes el escrito en el que la fiscalía descarga de culpabilidad al veterano presidente de honor del partido. Pere Rotger fue obligado a dimitir el 18 de diciembre de 2012, como segunda autoridad de la Comunidad Autónoma, por su imputación en una de las piezas derivadas del caso Gürtel y, tres años después, Pedro Horrach ha reconocido que no consta acreditado que, quien fuera Alcalde de Inca, contratase desde el Ayuntamiento a la empresa Over Marketing, para fines particulares, mediante el amaño del proceso.

En este plazo, el único diputado que ha repetido en la  presidencia del Parlament ha sufrido la desconsideración social, la traición de su equipo, la pérdida de salud y la incapacidad de cumplir cuatro décadas en política, ostentando una función institucional o representativa. Aunque es cierto que las mutuas acusaciones con quien fuera su segundo (y luego su relevo) dirigieron hacia Rotger la mirilla de la justicia, pueden releerse aún las declaraciones de Antoni Rodríguez, portavoz del Bloc per Inca, o de Xavier Ramis, actual director de Puertos y Aeropuertos y entonces líder de la agrupación socialista, para recordar en qué términos se despacharon contra el primer edil de su consistorio y comprobar así el escaso respeto que en este país se tiene a la presunción de inocencia.

La situación sería comparable con la que ha padecido el que encabeza ahora la candidatura al Congreso por MÉS, Antoni Verger, si no fuera porque el archivo de la causa contra él, le ha motivado a convocar en diferentes ocasiones a los medios de comunicación para tratar de voltear la tortilla. Cuando, tras ser insultados y calumniados por los compañeros del que fuera director general de Movilidad, muchos políticos han quedado exonerados, se ha reclamado una disculpa que nunca ha llegado, pero nadie ha insistido tanto en devolver la bofetada, con una reacción que parece una coacción;  impropia de quien cree en la independencia de poderes y en la necesidad de despejar cualquier duda que pueda degradar la función pública, por más que el provecho partidista judicialice la política o trate de sacar rédito de la sospecha o de las sentencias.

Los ejemplos de Verger Martínez y Rotger Llabrés (a la espera de un resolución firme) no son los únicos de una larga lista de damnificados por la sombra lateral de la corrupción, que ha cubierto con un manto fétido a toda la clase política. El abogado ecosoberanista aún está a tiempo de reconducir su carrera, incluso explotando el victimismo de una denuncia que no prosperó, pero otros no podrán hacerlo porque su edad no se lo permitirá o, simplemente, porque siguen a la espera de un juicio cuya condena social ya es irreversible.

No se puede aplaudir la decisión de Podemos o la propuesta conservadora de rebajar sus respectivos códigos éticos, pero tampoco debemos condenar de antemano y acabar cercenando el valor que pueden aportar quienes sirven al interés general, solo porque la administración de justicia es casi siempre lenta y, muy a menudo, exasperante. En nuestras dos referencias, y en algunas otras, los instructores observaron sospechas fundadas de haber cometido un delito, admitiendo a trámite los argumentos de la acusación, pero al término de los procesos se viene demostrando que son más las personas que finalizan sin una sentencia condenatoria, mientras que la pena del destierro político, incluso laboral, no puede redimirse de forma alguna.

Si apartamos de sus funciones y marcamos con un estigma a quien resulte investigado sin una medida cautelar o suficientes elementos de prueba, para que sirvan de escarmiento y eviten la contaminación en sus propias filas, es posible que acabemos siendo más víctimas de nuestra suspicacia que celadores de la integridad pública.

Debemos congratularnos, al menos,  de que los hechos probados hasta ahora demuestren que la alarma social no estaba justificada en todos los casos, aunque hubiera motivos suficientes para la indignación generalizada.

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