Hace unos días se cumplían 30 años de la película “Regreso al futuro”. Hemos recordado como Marty McFly viajaba con su Delorean primero al pasado, después regresaba al presente, y en sus posteriores secuelas viajaba al futuro, y también volvía al pasado. En sus aventuras en el tiempo, Marty, junto a Doc, conseguían, finalmente, que en el presente nada cambiara.
El paralelismo con la Ley de Normalización Lingüística de Baleares es evidente. No sólo por el mismo tiempo transcurrido desde su aprobación en el siglo pasado, en 1986, sino porque modificada, o no, sus efectos en la sociedad son los mismos.
La Ley del 86 que aprobó el expresidente balear, Gabriel Cañellas, condenado por corrupción, fue una copia de la de 1983 del investigado por corrupción Jordi Pujol, (más paralelismos), y sentó las bases del nacionalismo lingüístico pancatalanista en la administración pública, y, sobre todo, en la educación.
Una ley que incluye en su exposición de motivos aberraciones históricas como: “Las Islas Baleares se incorporan al área lingüística catalana con la conquista de Mallorca por el Rey Jaime I, 1229, Ibiza y Formentera por el Arzobispo de Tarragona, Guillem de Montgrí, 1235 y Menorca por el Rey Alfonso, el Liberal, 1287.” Una ley que evoca el nacionalista “espíritu del pueblo” (Volksgeist) en frases como que “el catalán es el vehículo que ha hecho posible la articulación del genio de nuestro pueblo”, o “el catalán, principal símbolo de nuestra identidad como pueblo, vuelva a ser el elemento cohesionador del genio isleño”. Una exposición de motivos arcaica, para una ley de otro tiempo, que sustituye el mallorquín, menorquín e ibicenco, por el catalán, y que a su vez arrincona el español, la lengua oficial del Estado, y común a 500 millones de personas, en la administración pública y en la educación. No hay duda de que es una ley ejemplar para el nacionalismo pancatalanista.
Ante esta realidad llama la atención la hipocresía de todos los partidos políticos con representación parlamentaria respecto a la aprobación que este martes se llevó a cabo en el Parlamento balear para derogar la ley de función pública que permitía, en algunos casos, que el catalán fuera considerado un mérito y no un requisito excluyente para acceder a determinados puestos de la administración pública, lo que supuso en 2012 una ligera modificación de la obsoleta Ley de Normalización Lingüística de 1986.
La propuesta presentada por el partido del ex uemita Melià, el PI, aplaudida por la izquierda, acaba con el pequeño avance que supuso esa modificación en la función pública que llevó a cabo el PP en la pasada legislatura. Pequeño porque dejó en manos de los ayuntamientos la posibilidad de que el catalán siguiera siendo requisito excluyente, como así sucedió en la mayor parte de los consistorios, incluidos los gobernados por el PP, como el de Palma con el alcalde Mateo Isern.
Los defensores de las libertades no esperábamos otra cosa de los partidos abiertamente catalanistas, pero la respuesta de los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, ha sido decepcionante. No tanto por votar en contra (esta vez nadie abandonó el hemiciclo) sino porque deberían haber analizado las nefastas consecuencias de una ley totalitaria que tanto en la educación como en la administración pública promueve la discriminación lingüística e influye decisivamente en los altos porcentajes de fracaso y abandono escolar. Para, a continuación, dar la solución al problema: La necesaria derogación de una ley que, nada más y nada menos, “normaliza” a los ciudadanos según los parámetros que establece el legislador nacionalista. Pone los pelos de punta que sigamos sufriendo semejante intromisión en la esfera privada de las personas. Es impensable una ley de estas características en cualquier democracia de los países de nuestro entorno, que sólo podría ser propuesta por partidos de extrema derecha o de extrema izquierda.
En el Parlamento balear nadie ha propuesto su sustitución por otra ley de usos de lenguas oficiales basada en la libertad lingüística, el bilingüismo, y en la realidad social del siglo XXI. Una realidad social que se “normaliza” ella misma con el uso que cada individuo realiza para relacionarse cotidianamente con los demás en plena libertad. Utilizando una u otra lengua según sus posibilidades, conveniencia, interés personal o profesional, sin obligación ni imposición alguna.
En definitiva, da lo mismo que modifiquen o recuperen la Ley cañellista original, la realidad es que, modificada o no, sigue imperando la imposición del catalán en Baleares. Como en “Regreso al futuro” el presente no cambia. Y, con estos representantes políticos, deberemos esperar a otras secuelas.
