La eurodiputada mallorquina del Partido Popular, Rosa Estaràs, ha denunciado este martes ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el auge de la ocupación ilegal en España, así como los efectos negativos derivados de la intervención del mercado del alquiler por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Estaràs ha advertido de que la actual Ley de Vivienda “protege más al que ocupa que al propietario” y ha exigido una respuesta urgente de las instituciones europeas.
Durante su intervención, Estaràs ha respaldado cuatro peticiones ciudadanas procedentes de distintas comunidades autónomas, que alertan del aumento de casos de ocupación. Según la eurodiputada, España cuenta ya con más de 80.000 viviendas ocupadas ilegalmente y 25.000 casos de ‘inquilokupas’, personas que acceden a una vivienda como inquilinos y posteriormente dejan de pagar. “Estas cifras no dejan de crecer ante la pasividad del Ejecutivo”, ha criticado.
La eurodiputada popular ha señalado que la legislación actual impone cargas “abusivas” a los propietarios, como asumir los suministros básicos incluso cuando no pueden acceder a su vivienda. “Cuando el inquilino se declara vulnerable, la ley impone esa carga al propietario. Pero es el Estado quien debe asumirla, no las familias”, ha reivindicado.
Estaràs también ha cuestionado la eficacia de las medidas de control del alquiler en regiones como Cataluña, donde —según ha denunciado— la limitación de precios ha reducido la oferta, no ha logrado estabilizar el mercado y ha frenado la construcción de nuevas viviendas. En contraste, ha citado el caso de Madrid, donde “sin intervención”, los precios del alquiler habrían bajado un 9,2 por ciento, frente al 5 por ciento de Cataluña con restricciones.
“El intervencionismo no funciona”, ha concluido Estaràs, que ha instado a reforzar la seguridad jurídica de los propietarios e incentivar la colaboración público-privada para mejorar el acceso a la vivienda sin perjudicar a quienes la ofrecen.
Las peticiones defendidas por el Partido Popular fueron finalmente aprobadas en la Comisión de Peticiones, pese al voto en contra del Partido Socialista, y serán estudiadas por la Comisión Europea.
